El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) exigió respeto a sus derechos, esto materializado en la consulta libre, previa e informada para los pueblos originarios de la propuesta para la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

“¿A quiénes beneficia más la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque?” fue el cuestionamiento inicial del pronunciamiento hecho por el Modevite.

También, exigió al gobierno actual el respeto a los derechos de los pueblos indígenas; su derecho a manifestarse, decidir libremente su futuro, así como a una consulta libre, previa e informada estipulado en el artículo 2, 6 y 7 de la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales.

“El camino de la imposición y las falsas consultas destruyen la vida de nuestras comunidades. Desde que se dio a conocer la reactivación de la construcción de la autopista Palenque- San Cristóbal en abril de 2024 fue bajo advertencia, enviando un mensaje a quienes se opusieran, el proyecto se ha vendido como un progreso para el pueblo, sin embargo, para nosotras y nosotros quienes nos trasladamos diariamente de nuestra milpa a nuestra comunidad no representa un beneficio”, dictaron.

El Modevite fue contundente al expresar su negativa a la destrucción de la madre tierra y su cultura, por lo que se manifiesta en contra del proyecto al pretender despojarse de su territorio rico en agua, árboles y bienes naturales.

“Es un proyecto que esconde lo de siempre: colonialismo, racismo y favorecimiento a los intereses de las grandes transnacionales, empresas extractivistas, el narco y el gobierno. Además, decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen, del que no consta un diálogo preliminar, donde se desconocen los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales, significa seguir reproduciendo la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano”, añadieron.

Por tanto, fueron claras al expresar no permitir el arrebato de sus tierras y recursos, la entrega de un documento sobre el impacto ambiental y cultural; presupuesto económico y la procedencia de su financiamiento e información de los resultados de la consulta de cada comunidad, ejido y municipio por donde pretenden construir la autopista.