Continúan los problemas internos en la administración municipal de Cacahoatán que preside el alcalde Víctor Pérez Saldaña. La discordia se avivó luego de que empresarios denunciaran que una empresa trasnacional que busca establecerse en el lugar habría pagado, de manera extraoficial, medio millón de pesos por la autorización de uso de suelo y otros permisos; dinero que no fue reportado por el extesorero Manuel Yoc Orozco ni por el exsecretario de Obras Públicas, Carlos Moreno Mérida, quienes fueron reemplazados de sus cargos. Sin embargo, el Cabildo no aprueba los nuevos nombramientos.
La sociedad exige que se transparenten esos recursos. Además, el sector empresarial de la cabecera municipal ha expresado su preocupación porque, si la nueva empresa no cumple con los permisos y se instala de manera irregular con la complicidad municipal, el impacto económico los afectará.
Clausura
Este no es el único problema urgente que enfrenta el alcalde Pérez Saldaña. A finales de noviembre de 2025, el Ayuntamiento incumplió con la normativa ambiental en el ejido La Soledad, por lo que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) clausuró un basurero clandestino y a cielo abierto por el mal manejo de residuos y la generación de contaminantes nocivos al suelo.
No obstante, se señala que este espacio continúa utilizándose, toda vez que en Tapachula el basurero municipal no está recibiendo los desechos que enviaban desde Cacahoatán y la opción es Villa Comaltitlán. A pesar de la sanción de la dependencia federal, mediante presuntos acuerdos se sigue infringiendo la norma y, por instrucción del edil, se continúa utilizando el mismo predio con una renta cobrada por su familia.
Señalamientos
A un año y medio de la actual administración, señalan que no hay un solo elemento policial inscrito en el Instituto de Formación Policial que haya acreditado su preparación y, en consecuencia, aprobado sus exámenes de control y confianza. Mientras tanto, el alcalde presume promesas de capacitación y entrega de uniformes a los policías municipales.
Ante estas irregularidades, pobladores y empresarios hacen un llamado al Gobierno de Chiapas, a la Auditoría Superior del Estado y a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, cumplan con su función y verifiquen estas presuntas anomalías, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos.
