Once organizaciones no gubernamentales exigieron que se haga justicia por el asesinato de Samir Flores, dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos, y garantías de protección para quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos.
“Rechazamos cualquier línea de investigación que pretenda desacreditar la lucha de Flores en defensa del territorio, y reiteramos el deber del Estado mexicano de respetar los derechos de los pueblos originarios”, afirmaron las agrupaciones, entre ellas entre ellas los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Fray Matías de Córdova, La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes y de Derechos de la Mujer de Chiapas.
En un pronunciamiento conjunto, manifestaron que “el Estado mexicano reitera una vez más su omisión en la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente a quienes resisten como pueblos originarios en contra del despojo a sus territorios”, como en el caso de Samir Flores, “cuidador de la madre tierra” asesinado en Morelos el pasado miércoles.
“En medio de una escalada de desprestigio y criminalización a organizaciones sociales y civiles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incrementa el riesgo a la vida de quienes enfrentan amenazas a su integridad y seguridad a consecuencia de su labor de apuesta por la paz, el territorio y la vida”, señalaron.
“Samir Flores, cuidador de la madre tierra, indígena nahuatl, comunicador comunitario y delegado del Congreso Nacional Indígena fue asesinado en su casa en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, en el contexto de una consulta impuesta y simulada para aprobar el Proyecto Integral Morelos, (PIM) acción que también violenta los derechos colectivos a la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios”, expresaron.
Manifestaciones
Dijeron que “desde 2011, ejidos y comunidades se han manifestado de manera pacífica en rechazo a la construcción de un gasoducto, acueducto y dos termoeléctricas que afectarían sus territorios y cultura. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPDTA) responsabilizó al gobierno federal por el riesgo a la vida en el que se encuentran los pueblos que se oponen al PIM”.
También exigieron que se haga justicia por el homicidio del comunicador Mario Gómez Sánchez, ocurrido en Yajalón el 21 de septiembre pasado; del activista, Sinar Corzo, ocurrido el 3 de enero, en Arriaga; del dirigente campesino, Noé Jiménez Pablo, muerto el 17 de enero, en Amatán y de Estelina López Gómez, asesinada el 23 de enero en Amatenango del Valle.
Finalmente, demandaron al Estado mexicano “protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Chiapas”.
