La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras) coincidió con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) en hacer un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a respetar la libre manifestación de las mujeres. Lo anterior, debido a hechos de violencia suscitados durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer.

La Red identificó una jornada alarmante de diversos actos de represión cometidos en contra de las movilizaciones desplegadas en distintos y múltiples puntos del país.

Las mujeres advirtieron del montaje generalizado e injustificado de un blindaje “preventivo” para el resguardo de edificios de gobierno y espacios públicos (plazas/parques), que en muchos de los casos sirvieron para facilitar las acciones de represión ejecutadas por policías municipales y estatales.

“Este preámbulo al comienzo de las manifestaciones genera un escenario de tensión. La presencia policíaca no responde al mandato de protección y garantía de nuestro derecho humano a la protesta social en un espacio público seguro y libre de violencia; al contrario, se ha vuelto una estrategia disuasiva del ejercicio de la libre manifestación que responde en primer lugar a la estigmatización de la movilización de las mujeres y los grupos feministas que participan este día en la legítima demanda por el respeto a nuestros derechos humanos”, puntualizó.

Por tanto, la Red condenó el uso de gases lacrimógenos durante las movilizaciones en los siguientes estados: Puebla, Chihuahua, Zacatecas, Monterrey, Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México y Colima.

Insistieron en las campañas de estigmatización y criminalización de las movilizaciones en torno al 8M, como una práctica que convoca a la violencia en contra de las mujeres.

“Alertamos sobre la escalada de violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres manifestantes ante el uso excesivo de la fuerza pública y las acciones de detenciones arbitrarias masivas que vulneran la integridad personal de los, les y las detenidas, quienes son sujetas a malos tratos, crueles e inhumanos, y en algunos casos igualmente sometidas a torturas psicológicas, físicas e incluso de carácter sexual”, ubicaron.

Por último, demandaron de manera enérgica la inmediata investigación imparcial e independiente de las autoridades responsables de las detenciones registradas en Puebla, Monterrey, Nuevo León y, especialmente, las realizadas en el estado de Zacatecas, asegurando a las manifestantes medidas cautelares para su atención médica, reparación del daño y su protección.