Gilberto Bátiz García, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), expresó que es fundamental que se garanticen los derechos político-electorales de toda la ciudadanía de Oxchuc, esto tras ser el único municipio del estado bajo un sistema diferente o mejor conocido como de “usos y costumbres”.
El magistrado mencionó que las elecciones de Oxchuc, ocurridas en abril de 2019, en las cuales no participaron partidos políticos, es un ejemplo de las garantías jurídicas que tiene la ciudadanía indígena para garantizar su representación popular bajo sus propios sistemas normativos internos. Por tanto, el Teech se mantendrá en acompañamiento permanente para velar por el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas para que puedan votar y ser votados.
“Estos órganos de gobierno tienen una conformación plural (…) Lo vital es que se garantice el ejercicio de los derechos, de igual forma, ante cualquier vulneración se encuentra el juicio para la protección de la ciudadanía indígena, un recurso particular”, externó.
El magistrado se refería al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistemas Normativos (JDCI), instituido para garantizar la salvaguarda de los derechos políticos electorales consignados en la Constitución federal, ratificados por el 11 Estado mexicano, en la Constitución local y en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, respecto a los municipios que se rigen por el Sistema Normativo Interno.
Bátiz García mencionó que bajo los derechos fundamentales, todos y todas deben tener cabida y ser garantes de los derechos haciendo prevalecer el marco de la universalidad.
“Por ejemplo, la paridad de género que se encuentra como un principio constitucional para todo el país, es un requisito que debe encontrarse y observarse en cualquier municipio, pese a que estén arraigadas prácticas que las dejan a un lado”, externó.
Por último, el magistrado añadió que en los próximos meses el Tribunal trabajará con la convicción, responsabilidad y determinación para garantizar dichos derechos con el fin de tener acciones positivas que generen condiciones de paz y se privilegie el Estado de derecho.
“La gente escogió estar gobernada y debe hacerse bajo un marco que garantice los derechos de toda la ciudadanía”, dijo.
Separación
Durante la segunda sesión de la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la comisión, instruyó enviar un oficio con todas las observaciones que van desde explicar la injerencia que puede tener el IEPC, la importancia de la participación de todas las comunidades en la asamblea y la construcción de estatutos sólidos para no detonar actos de violencia.
Sánchez Domínguez comentó que es necesario realizar una recomendación a las autoridades autónomas para que realicen campañas de información y difusión del proceso de consulta con el fin de que no se generen malentendidos.
En la sesión se notificó que tras ser invitados a una asamblea en el municipio, el consejero Guillermo Rojo y la titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, María de los Ángeles Sánchez López, fueron interceptados por un grupo indígena que les expresaron que existen diversas incógnitas respecto a la próxima elección municipal.
“Les expusieron que no hay información sobre lo que está sucedido y lo que va a suceder para el proceso de elección, hay confusión y existen dudas por una posible reelección”, notificó la presidenta.
