La Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1, solicitó a las autoridades correspondientes hacer efectiva una política pública que proteja la integridad de este sector, esto tras los últimos casos de feminicidio registrados en la entidad.
“Los feminicidios provocan una de las tragedias sociales más lacerantes, esperamos que esto no se siga repitiendo”, replicaron.
La Colectiva dio cuenta de los hechos ocurridos durante la mañana de este viernes. Dos nuevas víctimas de la violencia machista fueron asesinadas: una madre y su sobrina, originarias del paraje Chicomtantic, municipio de San Juan Chamula.
Las personas fueron asesinadas a balazos en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.
La organización precisó, gracias a reportes de medios de comunicación, la ubicación de los hechos ocurrido en el estacionamiento de un supermercado, cuando un sujeto que iba a bordo de una motocicleta las sorprendió accionando su arma.
Se trataba de una persona llamada Dominga, de 35 años, quien habría recibido por lo menos seis disparos, y su sobrina, de nueve años, dos balazos más.
Conmoción
“De nuevo la sociedad sancristobalense se encuentra conmocionada por la tragedia y la impotencia de que este tipo de violencia se repita, y no existan mecanismos eficaces para atender la violencia de género”, exclamaron.
Con el doble feminicidio, Chiapas suma 39 casos en lo que va del año, la cifra es la más alta desde que se declaró la alerta de género en 2016 a siete municipios, incluido San Cristóbal de las Casas, y los 17 de la región de Los Altos.
Por tanto, la Comisión consideró insuficiente la declaratoria, ya que los asesinatos machistas se han presentado en las poblaciones que cuentan con foco rojo.
“La ausencia de las mujeres asesinadas deja un vacío en sus familias, amigas, amigos y comunidades difícil de reparar. Además del desamparo en que quedan sus hijos e hijas. En muchas ocasiones las víctimas son el propio sostén familiar”, agregaron.
Hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado para agilizar las investigaciones de los 39 feminicidios registrados hasta ahora, de los cuales, solo siete están judicializados.
