En el marco de la sesión ordinaria de este miércoles en el Congreso del Estado, la diputada Marcela Castillo Atristaín, subió a tribuna para visibilizar la creciente ola de violencia feminicida en Chiapas, haciendo especial énfasis en el caso de Ana Luisa “N”, una joven que fue brutalmente atacada con machete por su pareja en el municipio de Cintalapa, quien le mutiló ambos brazos y se encuentra prófugo de la justicia.
“Esta tribuna no puede ser ajena a lo que está ocurriendo en Chiapas. Hago uso de ella para visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres y para acompañar las exigencias de organizaciones y colectivas”, expresó la legisladora al iniciar su posicionamiento.
Organizaciones
Señaló que la organización Pacto de Solidaridad AC, la Colectiva 50+1 y diversas organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz de manera clara ante una realidad que calificó como estructural y desbordada.
“La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado. Es una realidad estructural que nos está rebasando”, advirtió.
La diputada relató con crudeza el ataque sufrido por Ana Luisa N. en Cintalapa: “Fue brutalmente atacada con machete por su pareja, dejándola con lesiones graves y la mutilación de ambos brazos. Su agresor continúa prófugo, representando una amenaza latente. Ana Luisa lucha por su vida en un hospital en la capital chiapaneca”.
Registros
A este caso, agregó, se suman el ataque armado contra otra joven en Tuxtla Chico —quien también lucha por su vida—, seis feminicidios registrados solo en el mes de marzo, una tentativa de feminicidio en Tapachula y un ataque con machete en Marqués de Comillas.
La legisladora reconoció los esfuerzos realizados desde el Congreso, donde se han reformado leyes y el Código Penal para endurecer sanciones y aumentar penas para feminicidas, así como las políticas públicas impulsadas por el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado.
“Reconozco el trabajo que está realizando el gobierno del estado y de la fiscalía, que, como nunca, ha existido una comunicación con activistas. Se han emprendido jornadas de atención y detenciones oportunas, así como avances en materia de investigación y sentencias con perspectiva de género”, dijo.
Sin embargo, enfatizó: “No está siendo suficiente, porque no es solo responsabilidad de ellos. Es un problema estructural, social y delincuencial. La respuesta debe ser integral”.
Exigencias
Marcela Castillo Retomó las exigencias de las organizaciones y colectivas, entre las que destacó: Que el caso de Ana Luisa “N” sea analizado con perspectiva de género e investigado como feminicidio en grado de tentativa. Tratar los datos personales del presunto agresor con debida diligencia para evitar obstáculos en el proceso. Fortalecer los mecanismos de búsqueda de feminicidas con acciones inmediatas y coordinadas. Implementar órdenes de protección como mecanismo legal urgente, sin necesidad de iniciar un juicio formal. Fortalecer la prevención desde las escuelas con un “ABC contra la violencia” en todos los niveles educativos. Exigir el estricto cumplimiento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y pedir a los ayuntamientos sumarse activamente en las comunidades y el territorio.
Búsqueda
La diputada pidió a las autoridades correspondientes reforzar de inmediato los operativos para localizar al agresor de Ana Luisa, identificado como Pablo “N”, y pidió al Poder Judicial actuar sin dilaciones ni burocracia.
A la ciudadanía, la convocó a no permanecer en silencio: “Si se escucha violencia en un hogar, que se denuncie, porque las omisiones también permiten que la violencia continúe. Cualquier información para dar con el paradero de Pablo N. es vital”.
