La Organización de las Naciones Unidas (ONU), diversas asociaciones de Derechos Humanos y gobiernos de otros países, condenaron los hechos ocurridos en Villa Comaltitlán, donde en un operativo militar fallecieron seis migrantes por el ataque de las fuerzas castrenses en un presunto enfrentamiento al repeler las agresiones por parte de civiles armados.
A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la ONU, expresó su preocupación por los hechos que de acuerdo a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fue en respuesta a una agresión tras la persecución a una pick up que evadió al personal militar.
A través de X, publicaron que “las personas en movilidad están expuestas a grandes riesgos durante su trayecto, por eso es indispensable contar con vías legales de acceso, tránsito e integración para evitar tragedias como ésta”.
La Embajada en México, por autoridades de la Cancillería, informó al gobierno de Perú que entre las víctimas mortales se encontró un ciudadano de esa nacionalidad.
El Gobierno de Perú condenó los hechos acontecidos, que incluyó “la irreparable pérdida de la vida de un connacional”. Y exigió a las autoridades una urgente investigación que esclarezca y determine las responsabilidades del acto.
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, con la firma de más de una decena de asociaciones civiles, replicó que son poli´ticas migratorias mexicanas las que están generando graves violaciones de derechos humanos. Además orilla a las personas en contexto de movilidad a tomar vi´as riesgosas, clandestinas y cada vez ma´s costosas, cayendo en redes de trata y tra´fico.
Llaman a una investigacio´n pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y garantizar los derechos de las 17 personas que fueron puestas a disposicio´n del Instituto Nacional de Migración (INM).
La Sedena determinó que los dos militares que dispararon, fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque armado de militares contra migrantes y externó que será la Fiscalía la que realizará la investigación: “se tomarán las medidas para que hechos similares no vuelvan a ocurrir”, dijo.
