Exigen justicia para niñas de Hogar Seguro

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se pronunció al igual que otras organizaciones para exigir justicia para niñas masacradas en el Hogar Seguro, en Guatemala.

Lo anterior porque, “según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos”.

En el comunicado conjunto del cual forma parte el Frayba da a conocer que este 22 de octubre, iniciaron las audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”.

Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina, señala el pronunciamiento.

Precisa que el 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar.

“El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables”.

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente.

Por lo anterior, exigen esclarecer los hechos y determinar responsabilidades uniendo los juicios, tal y como dictan los principios y normas penales, garantizando así la integralidad de la investigación y la perspectiva de derechos humanos.