Exigen liberación de nueve indígenas

Exigen liberación de nueve indígenas

Representantes de pueblos, organizaciones y defensores de derechos humanos de diferentes estados visitarán el domingo próximo a nueve presos indígenas que se encuentran en el penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir su liberación, informaron sus familiares y excompañeros de prisión.

“La visita será para fortalecer alianzas con otros movimientos en la República, decirle a los gobiernos federal y estatal, que no estamos presionando para pedir algo que no sea conforme a derecho, sino que estamos exigiendo un derecho que ha sido violado por las autoridades, como dijo el presidente de la República que por el bien de todos, primero los pobres”, afirmaron. 

Encabezados por Alberto Patishtán Gómez, liberado en 2013 gracias a un indulto presidencial, dijeron que los nueve presos “son indígenas y pobres olvidados por la sociedad y por el Estado”.

En un comunicado leído en rueda de prensa manifestaron que “no es de extrañarse que Chiapas sea una de las entidades con mayor número de presos indígenas en el país. Como suele suceder en México, quienes permanecen recluidos en las distintas cárceles de Chiapas son en su mayoría personas que no tuvieron un intérprete en el momento de ser acusados y durante todo su proceso penal”.

“Nuestros compañeros en lucha le demostraron al Estado que son inocentes; se pusieron en huelga de hambre y ahora se encuentran en ayuno; casi todo 2019 llevamos haciendo estas acciones desde dentro y fuera de la cárcel, pero no tenemos respuestas claras del gobierno”.

Por ello, señalaron, “vamos a demostrar públicamente las pruebas que sustentan nuestra exigencia; se trata de aquellas pruebas y testimonios en la carpeta de investigación 043/2019 en donde se investiga la tortura en contra los nueve presos”: Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mario Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mariano Gómez López, Mario Díaz Rodríguez, Roberto Martínez Pérez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez.

Exigieron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y al secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, la instalación de una mesa interinstitucional para exponer estas pruebas.