El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas junto a las más de 100 organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en la zona Alta de Chiapas, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios.
“La población vive con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región”, expresaron.
En este contexto, el día 6 de mayo el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zinacantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.
El CDH Frayba informó que desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de dos mil 36 personas.
Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018.
Por lo anterior, hicieron un llamado al Estado mexicano para cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades tsotsiles de Aldama.
Además, implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado, de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
Asimismo, investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región.
