La Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, integrada por más de 50 asociaciones de México y Guatemala, afirmó que, en medio de la pandemia, se ha agudizado el asesinato de personas defensoras del territorio, el despojo de tierras y la criminalización de personas migrantes entre ambos países.
Las organizaciones mencionaron que según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, a octubre de 2019 la Secretaría de Asuntos Agrarios registraba 1,532 casos de conflictos agrarios, que abarcaban disputas sobre derecho de propiedad, límites territoriales y regularización de tierras, entre otros.
Además, se ha registrado la desaparición forzada de líderes comunitarios como Carlos Enrique Coy, originario de la comunidad de Washington en la Sierra de las Minas, Puruljá, Baja Verapaz; así como asesinatos de defensores de la vida y el territorio, como Misael López del Cacerío Paraje, en el departamento de Jalapa, y del activista francés de Veterinarios Sin Fronteras, Benoit Pierre Amadee Maria.
También el asesinato de Carlos Mucú Pop, originario de Sayxché, Petén, líder comunitario e integrante de la Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo en Salud y Apoyo a Migrantes.
En México, las organizaciones denunciaron los abusos y violación a derechos humanos perpetrados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de 45 personas migrantes que recibían ayuda humanitaria del albergue “La 72” en Tenosique, Tabasco.
“Las y los compañeros migrantes fueron sorprendidos mientras dormían y de acuerdo a testimonios quienes lograron escapar, alrededor de 20 personas fueron detenidas, golpeadas y obligadas a subir a vehículos del INM.
Por ello, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género pidió la aparición con vida de las y los líderes comunitarios, víctimas de desaparición forzada, y justicia oportuna y eficaz entre los asesinatos de defensores del territorio.
A las autoridades competentes les pidieron cumplir con su responsabilidad y mandatos, con el enfoque de proteger la vida, salud y la integridad de los pueblos indígenas, campesinos y las personas migrantes entre Guatemala y México.
