El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chiapas es un fenómeno histórico que se incrementa año con año sin que exista una política gubernamental efectiva para atenderlo y resolverlo, denunció Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En entrevista, Roblero destacó que desde la trinchera del Frayba acompañan y documentan numerosos casos de desplazamiento forzado.
“Los fenómenos que estamos documentando, uno de ellos es el tema de desplazamiento forzado, que es un tema histórico de hace muchos años que se ha quedado sin ser investigado, sin ser atendido, sin que el gobierno tenga una ruta de atención y de solución”, afirmó la defensora.
Subrayó que el problema se agrava de manera constante, vinculado directamente con “la violencia generalizada que hay por la presencia de grupos armados en varias regiones de Chiapas, pero sobre todo en la zona frontera”.
Al describir el drama humano detrás de las cifras, Roblero detalló que una persona desplazada “no está en un lugar seguro, no está en su casa, no está con su familia”. Muchas familias, explicó, se dividen y pierden el contacto entre sí.
Además, sufren hambre, problemas de salud y la interrupción de la educación de los niños, quienes no encuentran escuelas.
Reconocer
La directora del Frayba fue contundente al señalar la responsabilidad del Estado mexicano. Indicó que el primer paso para abordar la problemática es su reconocimiento oficial.
“Reconocer, para empezar, reconocer que existe esta problemática para poderla atender, porque mientras la niegue, no existe una obligación”, afirmó. “Lo que tiene que hacer es reconocer y preocuparse por entender la situación y buscar a estas personas. Estas personas están por todo el estado, buscando ser atendidas, ser escuchadas”.
Roblero advirtió sobre un efecto aún más grave de la desatención, el retorno de las familias a sus comunidades en condiciones peores a las que tenían cuando huyeron, al no encontrar una respuesta institucional.
