Ante el proceso legislativo para crear una nueva Ley de Aguas en Chiapas, la Alianza Aguas Comunes instó al Congreso local y a las autoridades estatales a construir una política hídrica que reconozca, respete y fortalezca la gestión comunitaria del agua como pilar del derecho humano al acceso y saneamiento.
La organización señaló que la normativa en discusión representa una oportunidad para que la entidad avance hacia un modelo más incluyente y apegado a las realidades de las comunidades más alejadas.
Subrayó que durante generaciones, comités, patronatos, juntas y asambleas locales han administrado, distribuido y cuidado el vital líquido sin fines de lucro, ante las carencias institucionales.
La Alianza recordó que en cientos de comunidades rurales e indígenas, las familias enfrentan no solo problemas de acceso, sino también de disponibilidad, calidad, operación, mantenimiento y protección de las fuentes y, ellos mismos se han organizado para sostener sus propios sistemas.
La Alianza planteó que ese trabajo debe tener reconocimiento efectivo en la nueva legislación, “no se trata de sustituir la responsabilidad pública, sino de construir una relación de corresponsabilidad, donde las comunidades organizadas conserven autonomía, los municipios trabajen coordinadamente y la CEAS funcione como eje de una política hídrica integral”, expresó.
