Espacio OSC —una articulación de organizaciones de derechos humanos para la protección de personas defensoras y periodistas en México—, exigió al Estado mexicano que refuerce la protección de las personas y comunidades indígenas que defienden sus derechos humanos y que se adopte un enfoque de protección colectiva.
Lo anterior, debido a que Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Chiapas son los estados de mayor ocurrencia de agresiones.
Las organizaciones, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, consideraron crucial reforzar el llamado a proteger y garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indigenas.
“Desde 2017 a 2023, al menos 46 personas defensoras indigenas han sido asesinadas en México”, externaron.
Riesgo
Del 27 al 31 de marzo, Indigenous Peoples Rights International (IPRI por sus siglas en inglés) y Front Line Defenders realizaron una visita conjunta a Chiapas para documentar la situación de riesgo y violencia que viven las personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas.
Por lo que se reunieron con 30 defensores y autoridades indígenas en relación a los 12 casos sobre derechos humanos y procesos comunitarios en los que se enfrentan riesgos en relación a su trabajo.
Entre ellos, están los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol en los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo.
En esas reuniones recibieron información sobre una nueva ola de violencia contra personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales. Además de los encuentros y entrevistas con organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales con sede en Chiapas.
Reuniones
Realizaron dos encuentros con autoridades gubernamentales, el primero con Marisol Gómez Hernández, directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y el último la Fiscalía General de la Nación, representada por Manuel de Jesús Corado de Paz, director de Atención a Víctimas; y Pedro Sergio Becerra Toledo, director de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Los principales hallazgos es que ambas organizaciones internacionales identificaron un patrón claro de criminalización en contra de las personas defensoras indígenas que trabajan por los derechos ambientales, territorio, autonomía y la autodeterminación de sus comunidades.