En una Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Jovannie Ibarra Gallardo presentó un posicionamiento firme para exigir la rendición de cuentas del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Horacio Culebro Borrayas, ante una serie de graves señalamientos públicos que envuelven su gestión.
La legisladora, respaldándose de investigaciones periodísticas solicitó de manera formal que el ombudsman estatal ofrezca una explicación clara sobre diversas acusaciones que incluyen corrupción, abuso de poder, uso indebido de la función pública, desvío de recursos, nepotismo y despidos injustificados.
Asimismo, Ibarra Gallardo señaló la supuesta desaparición de órganos administrativos al interior del organismo y catalogó como grave las denuncias de violaciones a derechos humanos de periodistas y funcionarios.
Manejo financiero
Para esclarecer el manejo financiero de la CEDH, la diputada pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que realice con carácter de urgente, las auditorías respectivas al organismo autónomo. El objetivo, expuso, es verificar uso adecuado de los recursos públicos que le son asignados.
La misma petición se extiende a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la cual se solicitará toda la información relativa a expedientes penales que, de acuerdo a las investigaciones periodísticas estarían vinculados al titular de la CEDH.
Durante su intervención en el pleno, la diputada Ibarra Gallardo hizo entrega a la Mesa Directiva de un “conjunto de evidencias públicas” que, afirmó, sustentan su solicitud. Con este acto, buscan dar trámite formal a la petición bajo los principios de “responsabilidad y congruencia legislativa”.
La legisladora concluyó su participación con una reflexión: “No nos olvidemos, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar”.
Con esta acción, Horacio Culebro Borrayas y su gestión al frente de la CEDH quedan bajo el escrutinio público y legislativo, en espera de que los órganos correspondientes den curso a las peticiones de transparencia y justicia.
CEDH debe transparentarse
En relación al mismo tema, la diputada Marcela Castillo Atristain hizo un exhorto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que actúe con responsabilidad y apego a la ley.
“También levanto la voz para exigir la instalación urgente del Consejo Consultivo Ciudadano, de dicho organismo, tal como lo manda el artículo 98 de la Constitución Política de nuestro Estado y el capítulo cuarto de su Ley Orgánica en sus artículos 29 y 30”, expresó.
Dijo que este consejo consultivo es una obligación constitucional y no una opción política. “Se establece con claridad que esta comisión contará con un consejo consultivo integrado por 10 consejeras y consejeros electos por el voto de las dos terceras partes de este Congreso del Estado”, agregó.
Puntualizó que: “este consejo es un órgano de participación civil diverso, paritario y con representatividad social. No es un adorno institucional, es el contrapeso ciudadano que debe vigilar, asesorar y evaluar la actuación de quienes presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.
Señaló que este es un mandato que no se ha cumplido y que su ausencia ha permitido que la discrecionalidad, el abuso y la impunidad se filtren en un espacio que debería ser un ejemplo de transparencia.
“Gracias también al trabajo periodístico de varias y varios comunicadores de Chiapas, hoy conocemos con detalle la lucha de las madres buscadoras de Chiapas que documentan su resistencia, su dolor y su esperanza. Por eso es el momento oportuno que unamos nuestras voces para que el Congreso del Estado se sume decididamente en su clamor por justicia apoyando a nuestras autoridades competentes, pero también pidiéndoles que vigilen con sensibilidad y sin violencia. Son momentos de unidad y esfuerzo compartido”, subrayó.
Por último indicó que, frente al abuso de poder, la mejor herramienta es la vigilancia social que puede precisamente evitar, prevenir, omisión y agresiones.
