Autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán hasta el 4 de noviembre para acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a favor de Carlos Mayorga, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, muertos a causa de hechos violentos registrados en el municipio de Amatán entre el 2018 y 2019.
Erick Bautista Gómez, vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), dio cuenta de la resolución emitida por la CNDH el pasado 14 de octubre, con lo que las autoridades a quienes se les responsabiliza de estos actos deben cumplir con la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias.
Bautista Gómez remarcó que a esta exigencia se suman 307 referentes en defensa de los derechos humanos en el país, de los cuales 25 son organismos de defensoría, 65 personalidades y 217 organizaciones.
De acuerdo al documento, la reparación debe cumplir con estándares fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en este caso, se exige el apoyo económico a las familias de Mayorga, Jiménez Pablo y Gómez Álvarez, la instalación de un memorial en Amatán, además de una disculpa pública.
Por su parte, Amanda Rivero, asesora legal del Mocri, expuso que a partir de la recomendación emitida, las autoridades del nivel municipal, estatal y federal tuvieron 15 días para cumplir con la reparación del daño, por lo que después del plazo podrían ser llamados a dar cuentas sobre la posible omisión.
