Representantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo aseguran que buscan la salida de Venustiano Carranza de los integrantes de la Alianza Campesina San Bartolomé de los Llanos, a quienes señalan de paramilitares.
Este lunes acudieron a una mesa de atención con las autoridades estatales para la solución del problema agrario y conocer los avances en las carpetas de investigación de sus ocho compañeros asesinados a lo largo del presente año.
Sin embargo, se dijeron inconformes porque sólo se les permitió el acceso a diez personas, a pesar de que en otras reuniones han permitido ingresar a 30 integrantes de la comisión.
Al mismo tiempo que dieron a conocer que desde la mañana, de manera conjunta con la organización OCEZ Región Carranza, iniciaron un bloqueo en el tramo carretero conocido como Cascajal, debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales con relación a las minutas de trabajo del 1 de marzo del 2021.
Apuntaron que el objetivo es la solución inmediata de diversos compromisos que comprenden la regularización de 581 hectáreas de tierra que se mantienen en posesión desde el año 2005, la entrega de mil 200 paquetes tecnológicos, además de programas de Bienestar como Procampo y becas, entre otras demandas.
Abelardo Jiménez, integrante de la comitiva, dijo que sólo han sido atendidos por personal que no tiene la capacidad de dar solución a sus problemas, por lo que solicitan que se agilicen las peticiones.
Apuntó que si bien es cierto el problema agrario se tiene a nivel federal, sólo les han venido dando largas a sus respuestas.
Por todo lo anterior, responsabilizaron a los tres niveles de gobierno y a la delincuencia organizada con protección por lo que pueda ocurrir en los predios.
Exigieron la reubicación del grupo Alianza San Bartolomé, encabezado por Paraíso del Grijalva, el cual se encuentra en predios comprados a lo largo de cerca de 50 años por el gobierno, así como la desarticulación del mismo.
A lo anterior, sumaron la devolución total de las tierras a favor de la mayoría de los comuneros de la Casa del Pueblo, así como la cancelación de todas las órdenes de aprehensión y cárcel para los asesinos materiales e intelectuales de todos sus compañeros asesinados en la lucha.
