"Sergio Granda / Enviado * CP. Por lo menos 300 comuneros de la Casa del Pueblo desafiaron este viernes la sentencia del juez civil y responsabilizan al Gobierno del Estado de promover la violencia y el odio, alegando que no están dispuestos a permitir que nueve familias tzotziles pierdan su patrimonio de más de 30 anos de jornadas de sudor y sangre.
""Ante la insistencia de ser desalojados por elementos policiacos, desde el pasado lunes 25 decidimos iniciar un plantón indefinido; no sabemos hasta dónde vayamos aguantar los habitantes del Barrios ""San Sebastián"", quienes hacemos guardia pero no estamos dispuestos a perder el patrimonio comunal"", externaron alterados.
Al pesar sobre ellos la sentencia de desalojo derivado del Juicio Civil Reivindicatorio iniciado en 1998 y con sentencia de desalojo del predio ""El Cafetal"" en el Barrio ""San Sebastián"" este mismo viernes 29, la zona luce cercada con barricadas de piedras y custodiada de día y de noche para evitar el avance policiaco.
A decir del comunero Bartolomé Vázquez Calvo, esta situación es promovida por el delegado de Gobierno del Estado, Alberto Valdivieso, quien alimenta la tensión social en esta comunidad tzotzil, ""sobre todo porque estas tierras ya fueron repartidas el 15 de octubre de 1977 y no se vale que nos quieran venir a espantar a nuestros hijos y mujeres; nosotros no somos invasores"".
Bienes Comunales
Reconoció que aunque no cuentan con la escritura del predio ""El Cafetal"", el cual asienta los nueve hogares en un área de tres hectáreas que se pretende cercenarles a los Bienes Comunales de la Casa del Pueblo, sí existe documentación comunitaria.
Mujeres, ninos y comuneros tzotziles, bajo un calcinante sol dijeron a Cuarto Poder, en un recorrido por el predio ""El Cafetal"", que esta situación alteró la vida de los ocho barrios comunales de la Casa del Pueblo; hoy se encuentran en estado de alerta para evitar se cumpla la orden del desalojo de los nueve inmuebles.
OCEZ Carranza
Los comuneros pertenecientes la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ Región Carranza), en voz del comunero Roberto Gómez, reconocen que viven los efectos psicológicos de un ""desalojo policiaco anunciado"".
Gómez recordó que el pasado 13 de septiembre del 2004 ya existía una notificación del desalojo de las nueves familias, lo cual se ha buscado resolver con la Delegación de Gobierno del Estado, ""pero ha preferido dejarnos plantados, y falló a su promesa de negociar la cancelación del inminente desalojo del Cafetal el pasado lunes 25"".
Aun cuando no se encuentra demandado ni notificado, el comunero tzotzil advirtió que este predio ""el Cafetal"" en su momento le fue pagado a la madre de la demandante Teresa Montejo Hernández de Velasco, de lo cual existen documentos en los archivos de Bienes Comunales.
La indígena Dolores Pérez Mendoza reclamó ""cómo es posible desalojar a 10 familias de El Cafetal, cuando tienen 22 anos habitándolo como parte de la comunidad de la Casa del Pueblo.
""El gobernador (Pablo Salazar Mendiguchía) tiene que entender que no estamos dispuestos a salir de nuestras casas; no tenemos dinero para comprar otra tierra ni levantar nuevas casas"", expuso tajante en defensa de los afectados.
Responsables
Molestos por el trato selectivo a sus companeros integrantes de la Casa del Pueblo, la fuente responsabiliza de estas acciones a un grupo de choque manejado por el edil Limberth Coello Fuentes y al mismo delegado de Gobierno estatal; ""es una injusticia lo que se pretenden concretar contra nuestra Casa del Pueblo"".
A su vez, el líder comunero Manuel Vázquez Martínez reconoció que es muy importante para ellos contar con un documento donde la autoridad estatal se comprometa a no desalojar de sus tierras y viviendas a las nueve familias de ""El Cafetal"".
Finalmente Vázquez Martínez responsabilizó a las autoridades municipales de Venustiano Carranza y de la entidad, de los actos de violencia que se pudieran escenificar en esta cabecera municipal. También llamó a la unidad de todas las organizaciones campesinas.
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