La Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsil-Totik “San Bartolomé de los Llanos” (Asball) emitió un comunicado en el marco del cuarto aniversario de un ataque armado que cobró la vida de uno de sus miembros y dejó una estela de impunidad. La organización responsabiliza a grupos rivales y exige acciones urgentes al gobierno para resolver el histórico conflicto agrario.
Las exigencias concretas del Asball son: el respeto a los derechos agrarios y el reconocimiento como descendientes de los comuneros originales.
Esta fundamentado en una Resolución Presidencial del 20 de julio de 1965 que reconoce a 746 comuneros básicos y que delimitó el uso de las tierras comunales.
Esta misma resolución determina la posesión vigente de 18 mil 290 hectáreas del total de 50 mil 152 hectáreas de los terrenos comunales Venustiano Carranza (reclamando que las 31 mil 862 hectáreas restantes son para la OCEZ-CP, pero solo para descendientes de comuneros, no para “extraños”).
Por lo cual, la Asball exige el respeto a los límites y la inviolabilidad de la brecha que delimita sus 18 mil 290 hectáreas. Sustentado en el derecho de posesión y la aplicación del artículo 48 de la Ley Agraria vigente.
También piden el fin a intromisiones, el cese del reclutamiento y entrada de personas ajenas a las tierras comunales, y la urgente reactivación de la mesa de diálogo estancada desde el 10 de agosto de 2023.
Acusaciones graves
El comunicado es severo, en sus denuncias acusa a la OCEZ-CP, OCEZ-RC y FNLS de ser los “autores materiales” del ataque contra el predio de Tierra Blanca, donde falleció un comunero defendiendo a los habitantes, denuncian a los líderes campesinos de ser los “autores intelectuales”.
La Asball afirma que estos grupos están “aliados con la delincuencia organizada”. Y señala que los líderes opositores se “lucran económicamente” con el conflicto agrario, “secuestrando la economía del municipio”, y reclutan personas de otros ejidos con “falsas promesas” de tierras.
Además culpan a las autoridades del gobierno anterior por su inacción, que dejó a la comunidad “a su suerte” y permitió la escalada de amenazas.
