Es verdaderamente inverosímil, por decir lo menos, la versión dada por el vocero de la Presidencia de la República, senor Rubén Aguilar, en el sentido de que el dictamen técnico que envió a Los Pinos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relativo a las reformas a la Ley Federal de Radio y TV, no fue del conocimiento del Ejecutivo porque no se consideró necesario hacérselo llegar.
En su momento, todo México presenció el proceso en torno de la aprobación o no de esta Ley, lo cual fue público y generó un debate tan ruidoso que nadie puedo dejar de advertirlo, excepto en la Presidencia de la República.
Ahora se ha escenificado un sainete que revela que la Secretaría de Comunicaciones hizo 56 observaciones técnicas y legales a las reformas, para hacerlas llegar al Presidente, pero según el senor Aguilar, ese documento se turnó a la consultoría jurídica de la Presidencia por lo que, dice, el presidente Fox no lo conoció.
Atenidos a que quien calla otorga, el proceso siguió su curso y el poderoso consorcio de la comunicación electrónica está en condiciones de acceder a las frecuencias liberadas por la digitalización de los equipos y a incursionar en otros campos de las telecomunicaciones y la informática, graciosamente y sin licitaciones ni competencias.
El mismo senor Aguilar argumenta en favor del Presidente que la consejería jurídica presidencial estimó que las observaciones de la Secretaría de Comunicaciones no sustentaban contradicciones jurídicas importantes que justificaran la posibilidad de un veto a la ley aprobada unánimemente por los diputados y por la mayoría de los senadores, por lo que el texto se turnó para su promulgación sin un análisis del Presidente, reacio a contradecir al Poder Legislativo, según su vocero, que evidentemente no recuerda el caso de Chiapas y el de las reformas estructurales.
Este es un suceso verdaderamente escandaloso.
Ya era grave que el diputado perredista Pablo Gómez hubiese confesado públicamente que votó por la Ley Televisa sin haberla leído; pero que eso -de ser cierto- hubiera ocurrido también en Los Pinos, en un tema de tanta trascendencia política, económica y social para el país, es bochornoso y preocupante. Daría la impresión de que el buque nacional navega sin capitán, en manos de marineros y grumetes que no fueron elegidos para ello.
Es decir, en este caso no hubo solamente irregularidades legales que se dejaron pasar y olvido de las responsabilidades oficiales, sino también negligencia.
La revelación de la existencia del crítico dictamen de la Secretaría de Comunicaciones podrá servir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el juicio de inconstitucionalidad que tiene en sus manos, si es que hasta ella no han llegado los persuasivos cabilderos de la televisión privada.
La explicación de que el presidente pudo no conocer el documento es increíble e inadmisible y sirve para detenernos a meditar en la gravedad de que no ejerció su derecho de veto en un tema de extrema trascendencia para el país. (El Universal)
