La resistencia de las comunidades ha logrado frenar la operación de las 111 concesiones mineras autorizadas para Chiapas, que abarcan alrededor de un millón de hectáreas, el 16 por ciento del territorio estatal.
Un caso emblemático es el de la mina de barita ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, donde la resistencia pagó el costo con el asesinato de Mariano Abarca Roblero, ocurrido en noviembre de 2009, caso que sigue en la impunidad, y en el que está involucrada presuntamente la empresa canadiense Black Fire.
“La minería es una actividad de muerte que sólo deja migajas y destrucción y las que se llevan la riqueza son las compañías mineras, por lo que jamás vamos a permitir que exploten los yacimientos que existen en nuestros territorios”, advirtió Luis Rojas Nomura, del Frente Popular 20 de Junio, con presencia en la Costa del Estado.
Las acciones de resistencia se han llevado a cabo principalmente en los municipios de Escuintla, Acacoyagua y Chicomuselo, donde las empresas mineras han tenido que abandonar los proyectos de exploración o extracción.
“En Chiapas hay 111 concesiones de minería para la extracción de oro, plata, titanio y barita, entre otros metales, pero todos estos proyectos están llenos de opacidad, anomalías y falta de información a las comunidades”, afirmó Libertad Díaz Vera, del área de defensa de la tierra y el territorio de la organización no gubernamental Otros Mundos, perteneciente a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
En entrevista dijo que gracias a la resistencia de los pobladores de diferentes comunidades, a la fecha en ninguna de las 111 concesiones está operando mina alguna.
Señaló que los trabajos de la mina El Bambú, ubicada en el ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, están suspendidos, debido a la oposición de los pobladores conscientes de la destrucción y contaminación que ocasiona al ambiente y a su salud.
Añadió que el proyecto Casas Viejas también está suspendido en su fase de exploración, gracias a la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco. “Estaba la fase de exploración, pero los trabajadores de la minera sacaban y sacaban material, por lo que, después de hacer la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los pobladores decidieron no permitir el paso de la maquinaria y camiones hasta que la empresa no diera la información; las actividades están paradas”
Abundó: “Ha sido un logro porque aún en esa fase de exploración había fuertes daños ambientales”.
Comentó que los pobladores de varias comunidades de Acacoyagua, situado en el Soconusco, instalaron alrededor de la mina un campamento de vigilancia y al cabo de dos años “se ha demostrado que la minería en esa región tiene muchas opacidades y ha contaminado; además de ocasionar enfermedades en la piel, los compañeros registran un aumento de los casos de cáncer, por lo que han solicitado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Salud que realicen los estudios correspondientes para verificar la información, pero se han negado”.
Señaló que mediante los campamentos, los habitantes monitorean cuando entran y salen las máquinas y “a veces han pedido que los camiones demuestren qué material llevan porque en años atrás no lo hacían”.
Luis Rojas Nomura, representante del Frente Popular 20 de Junio, dijo por su parte que ejidos, bienes comunales y ejidatarios “están firmes en que no vamos a permitir la explotación minera, pues así está acordado en actas”.
Comentó que sólo en Acacoyagua hay 13 concesiones que abarcan más de 36 mil hectáreas y en Escuintla 8, que afectarían sus aguas porque ahí pasa el río Cintalapa.
En el ejido La Libertad, agregó, “ya destruyeron el ambiente con la mina Cristina. Definitivamente, la minería nos va a causar problemas. Antes había la idea de que era algo bonito y nos traería progreso y desarrollo, pero es mentira porque ya vimos cuánto destruyeron el ambiente; se llevaron toneladas y toneladas de titanio y nuestros caminos quedaron destruidos”.
Aseguró que la empresa “Cristina del Male” habían ofrecido que si aceptábamos el paso de máquinas y camiones tipo volteo nos darían escuelas, caminos, brechas, centro de salud y hasta 50 mil pesos al ejido, pero no hubo nada y se llevaron 49 mil toneladas a seis mil y 9 mil pesos cada una en el año de 2015”.
Por ello, abundó, “es que decidimos emprender la resistencia que consiste en no permitir que las empresas mineras se apoderen de los territorios que tenemos en la parte norte de Acacoyagua porque si llegan, los afectados seríamos los habitantes de comunidades de la parte de debajo de Los Amates, Acacoyagua, Jalapa, La Cadena, San Marcos y otros. Ya sabemos que al hacer la extracción, los residuos tóxicos que usan y la remoción de las rocas se va a los afluentes, arroyos, ríos y estaríamos contaminándonos. Nos causaría un daño irreversible”.
Insistió en que “gracias al movimiento ya se retiraron y nos dejaron en paz, pero contaminaron nuestros ríos. En ese tiempo no hubo peces cuando antes estaban llenos. Diez años tardaron trabajando y contaminando”.
Rojas Nomura sostuvo que además, si se permite que las minas operen “serán afectadas las reservas naturales de El Triunfo y La Encrucijada que se encuentran en el área, no hay vuelta de hoja”.
“El proyecto de desarrollo o de bienestar que él llama, incluye a la minería y al Fondo Minero que existe desde 2014, que no está en Chiapas. La idea es que haya más inversión canadiense. Eso le dijo al presidente Donald Trump en sus diez puntos de desarrollo. Anunció inversión canadiense y el Fondo Minero cuya idea es recolectar ganancias de las empresas para repartirlas a los pobres. Esta medida es dar dinero a cambio de la salud. También habla de la minería verde o proyecto sustentable. Los daños de la minería están a la vista y no creemos que con un Fondo se vaya a solucionar”.
Advirtió que la medida provocará “más resistencia porque no creemos en la minería sustentable ni en el Fondo Minero. En Chiapas tenemos un caso emblemático y ejemplificador del modelo minero canadiense y de cómo la embajada de ese país promovió la actividad y llegó al asesinato de Mariano Abarca, que sigue en la impunidad y nos preocupa que en lugar de hacer justicia a las familias afectadas por las empresas canadienses se solicite más inversión”.