México se ubica dentro de los 25 países con mayor incidencia en trata de personas. Hay datos poco precisos, algunas instituciones públicas y privadas dicen que hay 500 mil víctimas, otras que hay 70 mil menores de edad y alrededor de 50 mil se encuentran en zonas fronterizas.
Lo anterior fue expuesto por Karina López Espinosa, estudiante del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), durante su participación en la mesa redonda “Movimientos feministas y violencias”, organizado en el marco del mes de la mujer en conmemoración por el 8 de marzo.
Refirió que la trata de personas es un delito y una forma de violencia que atenta contra la libertad, derechos humanos y la dignidad de las personas, siendo sus principales víctimas las mujeres, adolescentes, niñas y niños, en diferentes modalidades de explotación. Es una de las expresiones más violentas de la dominación de género, vista desde la perspectiva de la demanda.
En México existen 11 modalidades de explotación a partir de la trata y actualmente es considerada como la forma de esclavitud del siglo XXI, convertida en un negocio ilícito con dimensiones tan grandes como el tráfico de drogas o de armas.
Este delito es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas, lo que se refleja con más de 45 millones de víctimas, de las cuales el 72 % son niñas y mujeres, un menor por dos adultos y un niño por cada dos niñas. Únicamente se registra un rescate por cada 20 víctimas.
En nuestro país existe lo que se denomina como el “corredor de las desaparecidas o de la trata de personas”, el cual abarca Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán y un fragmento de Ecatepec, en el Estado de México; también existe la “ciudad padrote” en Tlaxcala y Puebla.
Además, en Tijuana, Cancún y Acapulco existe el turismo sexual infantil. El prostíbulo callejero más grande de América Latina es La Merced, en la Ciudad de México.
Comentó que desde hace varios años se han hecho distintos esfuerzos para prevenir, detectar, atender, identificar y erradicar la trata de personas, además de propuestas con poco o nulo impacto para la reintegración, reducción de daños y la recuperación de las sobrevivientes.
Sin embargo, estos esfuerzos se han visto limitados frente a la falta de cooperación entre los involucrados, además de que las dependencias del Estado se han caracterizado por la poca preparación, falta de seguimiento y, sobre todo, de procesos de revictimización.
