Pugnas por las condiciones deplorables de los trabajadores, el mundo al borde de la Segunda Guerra Mundial, un México posrevolucionario en búsqueda de la unión a través del nacionalismo, fueron las condiciones bajo las cuales se gestó la Expropiación Petrolera, acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país.
Uno de los recursos naturales más importantes que podía tener un Estado, generador de riquezas, pues se volvió la fuente energética más importante para alimentar a la industria mundial.
“El petróleo estaba en manos de compañías privadas inglesas y norteamericanas”, explicó el docente de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Carlos Uriel del Carpio Penagos.
En concreto, 17 compañías extranjeras tenían el control de la industria; el decreto del 18 de marzo de 1938 por el entonces presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban.
Había un clima mundial tenso y “los Estados Unidos necesitaban un diálogo en su frontera, pues las relaciones con su vecino del sur necesitaban ser muy sólidas antes de la Segunda Guerra Mundial, una circunstancia que aprovechó el gobierno mexicano para tomar una decisión de este tamaño”.
Lo cual abrió el panorama ante una pugna constante que mantenía el gobierno mexicano con las empresas extranjeras debido al control de los hidrocarburos.
Hacia 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con un firme apoyo del Estado, desde donde se reclamaban mejores condiciones, las cuales eran rechazadas por las compañías petroleras.
En mayo de 1937 el sindicato se declaró en huelga y “los trabajadores presentaron una demanda para mejorar las condiciones de trabajo y salarios ante un tribunal mexicano; el juicio que emitió fue a favor de los trabajadores y los trabajadores ganaron esta demanda, pero las compañías se negaron a aceptar”.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) revisó la situación y determinó, en diciembre de ese año, que las empresas contaban con los recursos suficientes para cumplir con la solicitud de los trabajadores.
“En virtud de ese fallo y que en 1936 se emitió una Ley de Expropiación en México, fueron las bases de esa operación de tomar esos bienes, las instalaciones e infraestructura en la industria petrolera y pasarlo a manos del Estado; eso no quiere decir que no habría ninguna retribución”, explicó el maestro en Ciencias Antropológicas.
Y acotó que esto fue un acto “sin ningún antecedente, pero las circunstancias lo permitieron, y esto fue a cambio de un pago que se estableció en las negociaciones”.
26 millones de pesos fue la suma que acordó pagar el presidente, y ante el pueblo mexicano en el Palacio Nacional dijo: “Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”.
250 mil personas se manifestaron en apoyo al mandatario, “campesinos llevaban sus ahorros, sus gallinas o cosas que consideraban de valor y que daban para que contribuyera a pagar el dinero a estas empresas”, dijo el docente.
Esto trajo consigo el monopolio del Estado, Petróleos Mexicanos, el cual, explicó, fue el financiador de la política económica del país durante la segunda mitad del siglo XX, hasta la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, la que permitió la entrada de empresas extranjeras.
El doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable explicó que “es muy difícil que actualmente volvamos a sacar del negocio a las empresas”, aparte “todo ha cambiado, las circunstancias históricas, sociales, políticas y económicas son muy distintas”.
Para del Carpio Penagos, la opción es la inversión en investigación y desarrollo de fuentes alternativas de energía, con la finalidad de no depender tanto del petróleo, el cual, subrayó, “cada vez será más caro extraer”.