Ana Laura Mondragón * CP. Aunque no es una novedad el tráfico ilegal de aves, Chiapas, uno de los estados con más variedad en estas especies, sigue siendo presa de manera impune de depredadores, cazadores furtivos de animales en peligro de extinción.
Dichas especies son expuestas a plena luz del día en cualquier calle de la ciudad o carretera del estado, sobre todo las cercanas a reservas, sin embargo, ninguna autoridad interviene.
Este delito ambiental se ubica en el tercer lugar dentro del mercado negro más exitoso, por debajo del tráfico de drogas y armas, y es considerado el tercer negocio más lucrativo en el mundo.
Entre las aves más asediadas se encuentran los pericos salvajes, los que alcanzan un precio de poco más de quinientos pesos, y que son sustraídos de su hábitat natural sin ninguna consideración.
Según datos proporcionados por ambientalistas, las aves sufren maltrato durante el proceso del tráfico ilegal, que comienza con la captura seguida por el acopio, la transportación, la distribución y venta.
Se calcula que por cada perico que llega a manos de un consumidor, mueren cuatro en el camino.
Conservacionistas como Efraín Orantes, dijo que una de las principales problemáticas que derivan este fenómeno de venta es que la ciudadanía sigue comprando estos animales.
De las 340 especies de pericos y guacamayas que existen en el mundo, la mitad se encuentran en peligro de extinción y en México, 20 de las 22 especies existentes están en riesgo, debido al tráfico ilegal.
El ambientalista considera que las autoridades deben intervenir y hacer cumplir la Ley General de Vida Silvestre, la cual prohíbe la captura y venta de pericos y guacamayas silvestres, en tanto la ciudadanía no debe contribuir con este comercio mortal, con sólo no adquirir estos productos.
Para Orantes, tener en casa como mascota un animal exótico convierte a esa persona en cómplices del tráfico de animales.
Por su parte la Profepa señala que se necesita se cuente con alguna denuncia ciudadana respecto a la venta de estos animales para proceder a inspeccionar el lugar.
Se informó que la ley contempla cárcel tras una averiguación de la PGR, ya que éste es un delito federal porque es delito ambiental que se paga con cárcel y multas administrativas que van desde los 20 a 20 mil días de salario mínimo del Distrito Federal, dependiendo de la gravedad del delito.
Las inspecciones la dependencia las debe realizar por lo menos una vez al año, y depende de lo que se detecte, y si son infracciones que están dentro de la norma Semarnac 059, se les solicita que adjudiquen la legal procedencia, que vengan los animales de un lugar autorizado o un criadero.
Dicha norma establece ejemplares de flora y fauna de vida silvestre, como aves, mamíferos, reptiles y/o plantas, los que tienen que venir de un lugar autorizado, un criadero o lugar que maneje el aprovechamiento que esté en México o que vengan de otro país pero con permisos de importación.
De no tener documentación se levanta el acta y se pueden asegurar los animales o clausurar de manera definitivamente.
Asimismo, el ambientalista Efraín Orantes, señaló que si se va adquirir un animal exótico es necesario que las personas se aseguren que provenga de una fuente legal y de aprovechamiento sostenible como criaderos autorizados.
De acuerdo con la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, este tipo de negocio genera ganancias a nivel mundial por 25 mil millones de dólares al año, equivalente a 274 mil millones de pesos.
México es uno de los principales focos de atención de traficantes de especies por su biodiversidad, ya que es uno de los cinco países que poseen la mayor diversidad biológica del planeta.
