Pese a que indígenas tseltales que no son afines a “la política que implementa Óscar Gómez López, supuesto presidente municipal sustituto”, denunciaron a través de diversos medios, las amenazas de las que eran objeto por no sumarse a las acciones violentas realizadas en este municipio en meses pasados, nunca fueron escuchados, propiciando que se concretara la primera expulsión de una comunidad rural.
Los familiares de Alejandro Gómez López, padre de una familia de expulsados de la comunidad Kistoljá, solicitaron urgentemente la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que la tarde de este domingo fue detenido supuestamente de manera ilegal con cargos inventados y trasladado a la cabecera municipal, “por órdenes directas del Óscar Gómez, solo porque no queremos estar con su política”.
La familia de tseltales integrada por 8 personas entre adultos y niños, ahora se encuentran en el exilio y sin el cobijo de autoridad alguna, ya que a la par de que Alejandro Gómez López era trasladado a la cárcel municipal en donde enfrentará cargos que aún se desconocen, el resto de su familia fue expulsada de su comunidad; según denuncian los familiares, quienes exigen intervención de la autoridades.
“Alejandro y su familia no participaron en los bloqueos, quema de presidencia y destrucción y de viviendas en la cabecera municipal y por eso ahora están enfrentando la represión de Óscar Gómez, que se autonombra presidente municipal sustituto y de Juan Encino Gómez, porque son los que están acostumbrados a reprimir a las personas que no están con su política”, afirmaron representantes de los agraviados.
Desde que algunas comunidades han reconocido a Óscar Gómez como presidente municipal sustituto, -denuncian los agraviados- todos aquellos que no simpatizan con la política que encabeza, son objeto de multas, encarcelamientos injustificados, la expulsión de sus comunidades, despojo de sus propiedades y parcelas; sin que el Gobierno intervenga para evitar estas arbitrariedades.
Por otra parte sobre el mismo tema, representantes de los desplazados del conflicto político que aún prevalece en este municipio, señalan que “los abusos y violaciones a nuestros derechos y garantías individuales que está cometiendo el supuesto presidente municipal sustituto que solo el Congreso del Estado reconoce, están avalados y apoyados por Gustavo Moscoso Zenteno, coordinador de subsecretarios de Gobierno y por Néstor Escobar Roque fiscal especializado en Grupos Vulnerables”.
“Como tienen todo el apoyo de funcionarios del Gobierno del Estado, ya expulsaron a compañeros de Pacbilna, ahora en Kistoljá, tenemos información que mañana seguirán con sus expulsiones en la comunidades crucero y últimamente con el licenciado Benito Juárez, todo eso lo hemos venido denunciando pero vemos que la CNDH al parecer es cómplice de las violaciones a los derechos humanos”, puntualizan finalmente.
