Con respecto a la situación que se vive en el municipio de Arriaga, donde exfuncionarios denunciaron irregularidades para dejar el cargo, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), Guillermo Asseburg Archila, consideró que los exregidores tiene razón en el sentido de que sean escuchados, en el tema de las renuncias que existen y que supuestamente no hicieron.
En la sentencia que emitió el propio organismo jurisdiccional el pasado 17 de mayo, ordenó que: “en plenitud de jurisdicción la autoridad responsable debe reponer el trámite del procedimiento de las licencias del cargo de los actores en un breve lapso, respetando la garantía constitucional de audiencia; y en su momento deberá emitir una determinación debidamente fundada y motivada, para cumplir con los efectos precisados en el considerado sexto de esta sentencia, bajo el apercibimiento decretado en el mismo”.
Sobre el tema, el último pronunciamiento que se dio en el Congreso de Chiapas por parte de la presidenta de la Mesa Directiva, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, es que se había escuchado a los inconformes en una audiencia, sin embargo, eso no daba las garantías para que se reincorporaran a sus funciones.
Asseburg Archila, sobre el tema, agregó que la decisión que tomaron los integrantes del organismo jurisdiccional se apegó a derecho y, cualquier inconforme, puede acudir ante cualquier otra autoridad electoral para que expresen su molestia. En Arriaga, desde el 15 de marzo, está en funciones el Concejo Municipal, a cargo de Ovidio García Santos.
“En su momento el Congreso tendrá que hacer lo que la resolución dice, apegada a derecho. Si ellos no lo hacen, a juicio de quien lo quiera juzgar así, hay los medios”, complementó.
A más de siete meses de iniciadas las administraciones municipales, comentó, al Teech solamente ha llevado el caso de Arriaga con las características de renuncias de los regidores; no obstante, sí tienen varios casos con respecto a los derechos políticos de las personas.
Sobre los otros problemas que se han presentado en los ayuntamientos, donde a las mujeres no se les permite ejercer el cargo, puntualizó que las sentencias se tienen que cumplir, sin embargo, en varias ocasiones dichas decisiones generan conflictos sociales.
“No es lo mismo decir que una elección fue violentada (…) a que una vez que ganó, que la misma gente votó por esos ciudadanos para que sea su autoridad municipal, hoy le cierren las puertas”, finalizó.
