Si no se trata de una broma tonta, los extorsionadores telefónicos están llegando demasiado lejos cuando desde el Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, llaman a los celulares de los legisladores para exigirles rescate para liberar a sus hijos, falsamente secuestrados.
Las llamadas, hechas desde el celular 044 (55) 2882 8648 a diputados panistas, obligaron a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Ruth Zavaleta (PRD), a suspender la sesión.
El extorsionador pedía a los diputados depositar una suma de dinero en las sucursales bancarias del mismo Palacio Legislativo, después de hacer oír el llanto de un nino que pedía auxilio. Además, quien llamaba se daba el lujo de describir la vestimenta de los diputados, para hacer sentir que estaban siendo vigilados. Obviamente, esos datos podían ser conocidos más fácilmente dentro del recinto legislativo.
En todos los casos, los diputados lograron comunicarse directamente con sus hijos, a salvo en sus hogares.
Cuando dos reporteros marcaron el número, respondió una voz vulgar, desde un bullicioso sitio, y pretendió hacer soeces juegos de palabras. El número del teléfono celular del extorsionador ya era conocido por la Secretaría de Seguridad Pública, pero no ha podido ser ubicado ni tampoco cancelado, inexplicablemente.
Este tipo de secuestro virtual se ha puesto en boga durante los últimos anos. Muchas de las llamadas procedían de los reclusorios del Distrito Federal. Las autoridades federales y capitalinas destinaron varios millones de pesos para bloquear la salida de llamadas de celulares de las cárceles, infructuosamente.
Como los extorsionadores utilizan este truco para obtener sólo unos cuantos miles de pesos -no los millones de los secuestros reales-, los asustadizos padres de familia se apresuran a pagar cuanto antes, para que sus hijos sean liberados.
Delitos similares proliferan esencialmente por dos razones. Primero, porque la policía se declara incompetente para rastrear el origen de los telefonemas. Segundo, por la gran impunidad con la que operan los delincuentes.
Ello explica que los maleantes no se limiten ya a afectar a familias comunes y corrientes, sino que se atrevan a amenazar al cuerpo político del país, con todas las implicaciones de seguridad nacional que eso significa.
También revela la vulnerabilidad de los servicios de seguridad y vigilancia de la Cámara de Diputados, que no sólo dispone de un buen número de agentes, sino también de un circuito cerrado de televisión, arcos detectores de armas y explosivos y otros dispositivos electrónicos.
Dentro del recinto, el tránsito de personas está reservado a legisladores, empleados y prensa, y el acceso al público está limitado a la galería.
Si ya ni los miembros del Poder Legislativo están a salvo, zqué podemos esperar el resto de los ciudadanos? (El Universal)
