El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, respaldó la exigencia de los maestros de que se instale una mesa nacional de diálogo y pidió a los profesores que “busquen dialogar sobre todo con los legisladores, pues aunque fue una iniciativa presidencial, la Reforma Educativa fue aprobada por la mayoría de los legisladores federales y estatales”.
En un comunicado titulado “maestros, adelante, con verdad y justicia”, dirigido a los mentores, manifestó que “comprendemos y respetamos sus luchas sindicales por sus justos derechos. Es su derecho y su deber marchar por la defensa de lo que en justicia les corresponde. Si en verdad la Reforma Educativa les perjudica, no dejen de manifestar su inconformidad. La resignación pasiva ante lo que en verdad fuese una injusticia, no es digna de ustedes”.
Reiteró que “si la llamada Reforma Educativa, que no es integral, sino sólo administrativa y laboral, perjudica a maestras y maestros, apoyamos su lucha porque se revierta”.
Expresó que “si la Iglesia está comprometida con la justicia, mal haríamos en no solidarizarnos con quienes luchan por sus justos derechos, pero es muy importante estar bien informados del verdadero alcance de dicha reforma”, pues “la verdad y la justicia son cimientos básicos para la paz. La paz social no se logra si no hay respeto a la justicia y a la verdad”.
También pidió a los maestros, “con todo respeto, que sus manifestaciones sean pacíficas, que no permitan que se les introduzcan desestabilizadores profesionales, que eviten destrozos a los bienes de terceros y a edificios públicos que son de la comunidad, que no afecten los derechos de los niños a tener las clases que les corresponden. En la medida de lo posible, eviten bloqueos que convulsionan y dañan a Chiapas”.
Por ejemplo, abundó, “si se dice que al no presentarse los maestros a su evaluación, pierden su trabajo y sus derechos laborales, entiendo que la ley no dice eso, sino que dejan de dar clase ante un grupo, pero no pierden su trabajo; sólo los cambian a un puesto administrativo y no tienen oportunidad de ascenso en el escalafón”.
Continuó: “Si se afirma que esta reforma lleva a la privatización de la educación, yo no advierto eso en la nueva ley, pues la Constitución ampara que debe ser gratuita. No son los padres quienes han de pagar a los maestros, ni los libros, ni la construcción o reparación de escuelas, sino que eso se cubre con los impuestos que pagamos todos los mexicanos”.
Más bien, dijo, “el dejar tanto tiempo sin clases a los niños es lo que está propiciando que más padres de familia opten por enviar a sus hijos a escuelas privadas, aunque les cueste. Insisto, por ello, en que se deben conocer bien los alcances de esta reforma”.
También señaló que hay que analizar seriamente cómo salvar el presente curso escolar, pues los niños son los primeros que tienen derechos, que no se pueden pisotear.
