Reconocer que México no es un Estado fallido no conlleva admitir que no existan graves fallas de Estado.
El gobierno del presidente Felipe Calderón afirma como línea definitoria de su política exterior que el Estado mexicano no está al borde del colapso. Esta definición se produjo en ocasión de la reunión anual de embajadores y cónsules de México en el extranjero, y a raíz de la preocupación estadounidense de que Paquistán y México serían dos focos rojos por el grado de penetración del crimen organizado y la corrupción que padecen.
México no aparece en los índices de estados fallidos, aunque sí evidencia rasgos muy preocupantes por la condición que guardan la inseguridad, la corrupción, los derechos humanos y el sistema de justicia, entre otros.
Se trata de fallos del Estado que provienen de una compleja interrelación de factores, entre los cuales vale mencionar algunos de los más importantes.
En primer lugar, una herencia del sistema autoritario que no ha sido atajada por las fuerzas democráticas emergentes. Es del todo natural que a partir de la instauración de la pluralidad, los actores e instituciones acostumbrados a operar bajo una autoridad vertical y centralizada se descompongan en ausencia de esas condiciones para el ejercicio del poder, y ante la carencia de formas, conductas y reglas nuevas que erradiquen o, por lo menos, permitan el control creciente de esas lacras.
Lo que tienen en común los problemas mencionados es que la organización institucional del Estado para hacerles frente proviene de situaciones anteriores en las que el pluralismo político era inexistente. El funcionamiento de las procuradurías, la validación de los derechos humanos e individuales, la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y la impartición de justicia son cada uno ámbitos del sistema político que fueron organizados para funcionar bajo condiciones diferentes a las que hoy prevalecen.
En segundo lugar, la ausencia de compromiso claro y firme por parte de los principales partidos y actores políticos para atacar con suficiencia estos problemas refleja una doble realidad. De un lado, un acomodo a la conveniencia de las viejas prácticas, y de otro, la falta de interés para dar prioridad al diagnóstico esclarecedor, a la legislación pertinente y a la acción conducente a superar esas fallas.
La decisión del gobierno de combatir al narcotráfico en una magnitud nunca antes practicada somete a una prueba del ácido a las instituciones del Estado. Esta es una prueba de tensión extraordinaria que evidencia el grado en que son insuficientes. De esta tensión debería resultar un diagnóstico para reformar normas, prácticas y modalidades de organización de la vida pública que ya no sirven en los tiempos actuales. Lamentablemente, todas ellas convergen en los problemas de seguridad de la ciudadanía y del clima de desconfianza que se profundiza conforme se aclara que son inoperantes.
Es cierto que el Estado mexicano no es un Estado fallido, pero puede llegar a serlo si se profundiza el deterioro que deriva de la resistencia a su modernización para que se corresponda con la pluralidad democrática.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
