Los habitantes de los países en desarrollo gastan al año medio billón de dólares (más de USD 80 por persona) de su propio bolsillo para acceder a servicios de salud, y estos gastos perjudican en mayor medida a los pobres, según un nuevo informe del Grupo Banco Mundial.

En dicho documento se afirma que la falta de acceso universal a servicios de salud de calidad y asequibles pone en riesgo décadas de avances en el ámbito de la salud, constituye un peligro para las perspectivas económicas de largo plazo de los países y los vuelve más vulnerables a los riesgos de pandemias.

En todo el mundo, la salud conforma un sector económico importante que representa el 11 % del producto interno bruto (PIB) y genera millones de empleos, muchos de ellos para mujeres.

Según las proyecciones del informe, titulado Financiamiento de alto rendimiento para alcanzar la cobertura universal de la salud, en 2030 (la fecha límite para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible), en los 54 países más pobres se observará una diferencia de USD 176 000 millones entre el financiamiento que necesitan para brindar a su población servicios de salud de calidad y accesibles y el financiamiento del que efectivamente dispondrán.

Si no se adoptan medidas urgentemente, los países en desarrollo que se enfrentan al envejecimiento de su población y la creciente carga de las enfermedades no transmisibles encontrarán cada vez más dificultades para cerrar la brecha entre la demanda de gasto en salud y los recursos públicos disponibles, y continuarán apoyándose en los pagos directos de los pacientes y sus familias.

“La salud es una inversión fundamental en capital humano que los países deben realizar para que su población logre un desempeño exitoso en la escuela y en el trabajo”, sostuvo Kristalina Georgieva, directora general del Grupo Banco Mundial. “Debemos actuar con urgencia para resolver el problema del financiamiento insuficiente, ineficiente y desigual en salud que retrasa el progreso de las personas y los países”.

En el informe se insta a incrementar las inversiones nacionales en salud y establecer dichas inversiones como prioridad en todo el Gobierno, mejorando la sostenibilidad financiera mediante la ampliación de inversiones de probada eficacia (como los servicios primarios de salud dirigidos a los más pobres) y el cobro de impuestos sobre el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas para generar ingresos y mejorar la salud.