Alejandra Muñoz, representante de la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, comentó que al hacer un monitoreo sobre la capacitación del personal y los servicios para la interrupción del embarazo en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y ordinario, encontraron que a partir del 15 de diciembre pasado se brindan en once unidades, de segundo nivel, mientras que en el primer nivel de atención prevalece la falta de información.
Dijo que acompañaron directamente a las usuarias que acuden a los servicios de aborto, brindándoles asesoría y la información necesaria sobre la clínica más cercana, sus derechos y cómo debe ser el proceso. Cada una contestaba un formulario sobre si se cumplió la consejería que se debe dar por parte del personal de Salud, también si les dieron la información médica y científica necesaria o si recibieron un trato digno.
Revisión
Por otra parte, la también integrante de la Red Aborta Libre Chiapas, mencionó que acudieron a los hospitales y clínicas preguntando sobre los servicios de aborto para conocer si se están brindando.
Hasta diciembre del año pasado los servicios se estaban dando en seis hospitales, a partir del 15 del mismo mes se amplió la cobertura a por lo menos 17 centros hospitalarios. Todos son de segundo nivel. El primer nivel, conocidos como centros de salud que dan atención de medicina general, no se brinda ni información ni servicios.
Agregó que todos los hospitales, clínicas y centros de salud, de los tres niveles de atención, ya sea que brinden los servicios o que por lo menos tengan en sus instalaciones la información para referir a las personas que buscan ese tipo de atención.
Violencia sexual
En el IMSS ordinario identificaron la falta de conocimiento del marco legal para los casos de violencia sexual, lo que consideran más grave, porque la interrupción del embarazo por esta causa ya estaba establecida desde varios años antes de la despenalización del aborto, entonces pueden caer en revictimizar a las personas.
Todo esto lo presentaron en la última mesa interinstitucional en la que participan desde el año pasado convocada por el Congreso del Estado, para garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro por parte de las instituciones de Salud. Pertenecen también la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, IMSS ordinario y el Issste.
