Con las reformas en materia de derechos humanos del 2011 se logró establecer el respeto hacia las personas indígenas, ya que uno de los temas primordiales que existía y sigue existiendo en algunos escenarios es la discriminación por su forma de hablar y de vestir, incluso los jóvenes dejan de hablar su lengua materna cuando viajan a otra ciudad.
La discriminación se sigue viendo en algunas instituciones e incluso en el sector salud, ya que a veces no cuentan con traductores al no ser autoridades de justicia, comentó Aneví Noemi Álvarez Coronel, asesora de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Enfatizó que “tenemos que establecer una empatía para conocer cuáles son nuestros pueblos indígenas, para que cuando hablemos de tema indígena no abordemos pobreza, marginación, suciedad, siempre viendo el lado negativo; tenemos que conocer sus derechos para saber cuándo hablar de usos y costumbres”.
Mencionó, por ejemplo, que en asuntos de justicia en las comunidades indígenas lo primero que analizan es la reparación del daño, pero cuando el asunto pasa a una autoridad estatal en la mayoría de los casos, se les violenta el derecho a tener un traductor, incluso en la Fiscalía Indígena sólo tienen uno.
Con la reforma en materia de derechos humanos, las autoridades han tomado cartas en el asunto, ya que anteriormente pensaban que sólo las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenían que proteger estos derechos, pero ahora se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar y proteger derechos humanos.
De acuerdo al censo de población 2020 del Inegi, en México existen siete millones 364 mil 645 personas hablantes de una lengua indígena con 68 agrupaciones lingüísticas; Chiapas ocupa el primer lugar nacional con más personas hablantes de lengua indígena.
Históricamente se ha dado una gran lucha de los pueblos indígenas para que se les reconozcan sus derechos humanos sin distinción, por esto es que surge el movimiento del 94 que incluso cambió la historia del estado y el mundo entero puso los ojos en nuestro territorio viendo que existen los pueblos y las comunidades indígenas.
Después de este hecho se viene hablando de los Acuerdos de San Andrés que se trabajaban entre la población indígena y el gobierno, con el objetivo de que se reconocieran sus derechos en la Constitución Política.
Por lo que con el trabajo de muchas organizaciones se logró que en el 2001 se reconocieran estos derechos de los pueblos indígenas, aunque ellos no quedaron conformes con lo establecido porque no fue totalmente como se había planteado en los Acuerdos de San Andrés.