Los casos de migrantes víctimas de delitos en México son bastante recurrentes; hay que tomar en cuenta que el solo hecho de ser transportados a otro país ya los hace víctimas, pero lo que hacen los Ministerios Públicos, en lugar de reconocerlos como tal y buscar la regularización por razones humanitarias, los ponen a disposición del Instituto Nacional de Migración para su retorno asistido.
Lo anterior lo manifestó Roberto Gómez Maravilla, asesor jurídico federal especializado en Atención a Personas en Movilidad del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), y agregó que son excesivos los asuntos de los que son transportados, son víctimas de explotación laboral, sexual y otros fines; lo malo es que la mayoría desconoce que el IFDP les puede proporcionar asesoría jurídica.
Caso
Hizo referencia a un caso relevante atendido por el instituto, como es el de Carlo, un migrante hondureño que huyó de su país porque bandas criminales lo buscaban para cobrarle derecho de piso por su negocio y ya no podía pagarlo, por lo que lo amenazaron de muerte.
Llegó a México, sin embargo, en San Luis Potosí fue secuestrado. Lo tuvieron retenido 10 días, durante los cuales le pidieron dinero a sus familiares en Honduras. Al ver que no tuvieron éxito, le quitaron sus pertenencias, lo golpearon y lo abandonaron. Pobladores lo vieron, lo ayudaron y llevaron a la casa del migrante.
Recibió atención médica, psicológica y la casa del migrante notificó al IFDP, quien llevó el caso ante la Fiscalía de San Luis Potosí, pero únicamente lo clasificaron como lesiones y robo, tipificados como delitos no graves.
Con esto se dificultó buscar su regularización para tramitar la visa por razones humanitarias, ya que la ley establece que se otorgará a quienes sean víctimas de delitos graves, por lo que le fue negada.
A partir de eso, recurrieron a un medio de defensa ante un juzgado por vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación, y de acceso a la justicia efectiva contemplados en la Constitución.
En octubre de 2021 el juzgado otorgó la protección de la justicia federal a Carlo y declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos 133 de la Ley de Migración.
Los declaró como discriminatorios por solicitarle a la persona con situación irregular migratoria, que sean víctimas de delito grave para poder regularizarla por razones humanitarias. Con esto se logró establecer un precedente para futuros casos.
