La familia del activista Mariano Abarca Roblero, asesinado en 2009 por oponerse a la explotación de minas a cargo de la empresa Blackfire Exploration y organizaciones acompañantes, informó que acudieron ante la Corte Federal de Canadá para exigir que se haga justicia “después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada en febrero pasado ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC)”.
En rueda de prensa, dijeron que la denuncia fue entregada al Comisionado en Ottawa, Canadá, con la exigencia de que iniciara una investigación “por las acciones y omisiones del cuerpo diplomático canadiense en México, durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca cuando luchaba en contra de los impactos socio-ambientales de la minería en Chicomuselo, hasta que culminó con su asesinato”.
Investigación
“Nosotros alegamos, con base en nuestra investigación, que la embajada de Canadá en México violó su política relacionada con sus industrias extractivas en el exterior, y con la identificación y prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos”. agregaron.
Consideraron que “esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que corría Mariano por defender la vida y los derechos humanos” en Chicomuselo, municipio situado en la sierra de Chiapas, donde Blackfire Exploration explotaba una mina de barita.
Añadieron que entregaron al comisionado “suficiente información que fuimos recabando durante casi 9 años en México y Canadá, con lo que demostramos que la embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa Blackfire Exploration, justo en diferentes momentos antes del asesinato de Abarca”.
Expresaron que el dirigente opositor a la minería “era amenazado, criminalizado, denunciado directamente por la empresa, detenido y encarcelado” por las autoridades estatales.
“A pesar del amplio conocimiento del conflicto con la Blackfire en Chicomuselo y los riesgos que enfrentaba Mariano, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar a favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas”, afirmaron.
Aseguraron que “aún después del asesinato de Mariano, la Embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales”.
Finalmente, los familiares de Abarca advirtieron que continuarán “buscando la verdad y la justicia hasta llegar a todos los autores materiales e intelectuales de su asesinato”.
