El apoyo incondicional de la embajada a Blackfire ponía al defensor del territorio, Mariano Abarca Robledo, en mayor riesgo, por ello en el 2018 la familia presentó una denuncia en virtud de la ley por abusos en la administración pública de Canadá.
Mariano Abarca Robledo fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas. Blackfire Exploration, con sede en Calgary, abrió su mina en el estado en 2007 y, desde el principio, la empresa solicitó y recibió un importante apoyo de la embajada canadiense.
En este respaldo la embajada envió una delegación de alto nivel a la oficina del entonces gobernador de Chiapas para presionar a las autoridades estatales, a fin de que protegieran a la empresa y sofocaran las protestas.
Mariano Abarca recibió amenazas de los empleados de Blackfire, incluso fue detenido por ocho días por una denuncia procedente de la empresa de Canadá, todo esto por alzar la voz sobre los impactos sociales y medioambientales de la mina de barita en Chicomuselo. Siete semanas después de su arresto fue baleado.
Actualmente su familia está en espera de que el Tribunal Supremo de Canadá allane el camino para que el comisionado para la Integridad de la Administración Pública investigue a la embajada de Canadá en México.
Hace cuatro años el citado funcionario se negó a leer y aceptar casi mil páginas de pruebas; decidió no investigar, a pesar de tener la responsabilidad de examinar las denuncias recibidas y garantizar la confianza en el servicio público.
En febrero de 2022, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del comisionado y se basó, en gran medida, en mero tecnicismo. Los jueces alegaron que el comisionado no tenía obligación de leer las pruebas como fueron entregadas.
Entonces la Corte tampoco aceptó considerar los argumentos de las tres partes intervinientes en el caso, incluidos los relativos a las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos.
Aún en la lucha para encontrar justicia para Mariano Abarca, la familia ahora esperará la respuesta del Tribunal Supremo de Canadá.
Si conceden la apelación, será la primera vez que el sistema de denuncias en torno al sector público de Canadá se someta al escrutinio del más alto tribunal.
