Catorce familias desplazadas del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, han lanzado un llamado desesperado al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, solicitando una solución definitiva y reubicación integral tras nueve años de haber sido forzadas a abandonar sus hogares.
La comunidad, que incluye a más de 80 niños, vive en condiciones de extrema vulnerabilidad en campamentos de San Cristóbal de Las Casas.
Vulnerabilidad
“Las viviendas no están para vivir. Las casas ya no tienen techo, no tienen ventanas, se han visto afectadas por las lluvias que han caído y estamos sufriendo por el frío”, clamó Aracely Goméz, vocera de los desplazados.
Desde el 26 de mayo de 2016, fecha de su trágico desplazamiento forzado y del asesinato de su familiar Guadalupe Cruz Hernández, estas familias han enfrentado un “gran dolor” y condiciones indignas.
Aunque reciben ayuda humanitaria semanalmente, como despensas, esta es “insuficiente” debido al crecimiento de la población y el nacimiento de nuevos niños.
La principal razón por la que no pueden regresar a su comunidad de origen es la persistencia de “grupos paramilitares” en el ejido Puebla, los mismos que estuvieron involucrados en el ataque del 2016.
“No queremos que nos vuelva a suceder el día que pasó. Ya sufrimos bastante, ya perdimos un familiar,” expresan, buscando “tranquilidad y paz en un lugar seguro y digno”.
Piden ser escuchados
Las familias, que no piden dinero, sino una “solución” y “justicia”, han solicitado una audiencia directa con el gobernador, por lo menos 30 minutos para ser escuchados. Han señalado que el equipo de trabajo del mandatario no ha avanzado en su caso.
Su propuesta central es una reubicación, pero no a cualquier lugar; desean ser reubicados “ahí donde estamos”, en San Cristóbal de Las Casas, ya que la búsqueda de terrenos en el municipio ha sido infructuosa con administraciones anteriores y la actual, a quienes les han dicho que “no hay terrenos ahí en ese lugar”.
En una carta abierta dirigida a Eduardo Ramírez Aguilar, con fecha del lunes 16 de junio de 2025, las 14 familias manifestaron su esperanza de que su liderazgo “no será diferente ante este clamor”.
“Sabemos que puede hacer la diferencia” afirman, instando al Ejecutivo estatal a tener “voluntad política de solución” y a rodearse de personas “sensibles al dolor de las víctimas” para establecer una “ruta de trabajo clara”.
