El llamado del gobierno comunitario del municipio de Chilón solicitó a las autoridades de los tres niveles que proporcionen ayuda humanitaria a 59 familias desplazadas hace dos años, de las comunidades de Carmen San José y San Antonio Patbaxil, debido a que un grupo armado las amenazaba y les exigía dinero.
“Las familias desplazadas se encuentran viviendo en condiciones inhumanas por falta de un lugar digno, de recursos económicos para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, así como para atender sus enfermedades”, aseveró.
Añadió que “ante la pandemia del Covid-19 que hoy aqueja al país, los desplazados son grupos vulnerables a falta de espacios para respetar la sana distancia”.
Agregó que las 34 familias desplazadas de Carmen San José y las 25 de San Antonio Patbaxil, están viviendo con familiares, en casas prestadas o rentadas, en el ejido Bachajón, en “condiciones de hacinamiento y pobreza”.
Al cumplirse este lunes dos años del desplazamiento, señaló que de enero a la fecha, las familias desplazadas han recibido pocas despensas, aparte de que no se han instalado las mesas de Diálogo para tratar de resolver el problema.
El gobierno comunitario, instancia conformada en 2017 por representantes de localidades con la finalidad de ejercer su derecho a la libre determinación y elegir a sus autoridades a través del sistema de usos y costumbres, señaló que la Fiscalía General del Estado “no ha dado puntual seguimiento a las carpetas de investigación y ejecución de las órdenes de aprehensión, ni ha informado a las víctimas sobre este seguimiento” de las denuncias en contra del grupo armado denominado “Pechtoneros”, de la comunidad Pechtón Ic’osiljá, municipio de Chilón.
También expresó su preocupación por que no se han implementado las medidas cautelares emitidas por las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos en favor de los afectados.
“Chilón ha sido escenario de grandes violaciones a los derechos colectivos, de los cuales el gobierno comunitario ha sido testigo y víctima. En estos últimos años se ha encrudecido esta realidad, nuestro pueblo ha sido atropellado con difamaciones, encarcelamiento injustificado, desplazamiento forzado, abuso de autoridad, con la tolerancia y justificación del gobierno”, señaló.
Demandó “solución por parte de las autoridades del gobierno local y Estatal, para el pronto retorno de las familias desplazadas y la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los agresores, así como la implementación efectiva de las medidas cautelares emitidas por la CNDH y CEDH en favor de los desplazados”.
