Unas 80 familias de Altamira La Providencia viven sobre el agua al menos dos meses al año. “Cuando el agua rebasa la altura de la cama (80 centímetros), tenemos que salir y buscar refugio”, cuenta Santiago de los Santos Peralta, el comisariado ejidal.
Desde hace 24 años los más de 350 habitantes, la mayoría niños, tienen que vivir dos meses con el agua en los pies, sin embargo, si las lluvias son abundantes deben migrar con familiares y vecinos, a lugares un poco más alto.
La época difícil es durante los meses de agosto y septiembre, a veces hasta varios días de octubre.
Altamira La Providencia es un núcleo de población que está reconocido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Está ubicada 10 metros sobre el nivel del mar y a unos 30 kms de la cabecera municipal de Huixtla.
Pero lo más difícil que enfrentan los habitantes de esta comunidad, en la actualidad, son las constantes amenazas de desalojo, pues desde hace 24 años ocupan 357 hectáreas de tierras, que en un principio las autoridades señalaron como nacionales.
“En 1981 comenzamos a gestionar ante Reforma Agraria que nos dotaran de tierras en el municipio de Huixtla, denunciando la afectación seis mil hectáreas. Fue en 1993 que salió una resolución presidencial a favor de 899 hectáreas, las tierras que estábamos gestionando no salieron a favor nuestro”, señala Alfredo Ángel Rueda, del Consejo de Vigilancia y fundador de la comunidad.
“Las tierras que salieron a favor, en su gran mayoría, eran zona de inundación por lo que decidimos fundar nuestro poblado en una parte alta, mientras continuamos gestionando ante Reforma Agraria”, agrega.
Don Santiago de los Santos precisa que se organizaron para “construir nuestras casas, iglesia, escuelas y gestionamos servicio de energía eléctrica, en 1994. En 2006, la Comisión Federal de Electricidad construyó la red de energía eléctrica”.
Las tierras que han ocupado ahora lo cultivan para sembrar maíz, frijol, melón, pepino, sandía, chile, plátano, calabaza, mango, ajonjolí y una parte para ganadería. Fue desde 1998 al 2010 que se dedicaron también al cultivo de palma africana.
En la mayoría de sus productos son comercializados en Huixtla, Villacomaltitlán y Tapachula.
Fue de esta manera que, en 2006, la comunidad demandó al Tribunal Agrario la titulación de las tierras que trabajan de manera colectiva.
Sin embargo, el primero de diciembre de 2009, el Tribunal Agrario les notificó, mediante una sentencia, que no les podía otorgar las tierras porque eran propiedad privada.
“Lo anormal en esta situación fue que durante trece años nadie nos dijo nada y no supimos que existieran dueños de las tierras que estábamos ocupando, ya que sabíamos que eran tierras nacionales”, coinciden en señalar don Santiago de los Santos, Alfredo Rueda y Búlmaro Reyes, este último juez rural.
Fue a partir de esa fecha que han vivido bajo zozobra y amenazas, “después de ese año nos han intentado desalojar de manera constante”, relatan.
Los años más difíciles paras estas familias fueron en 2013 y 2015, y a pesar de que fueron años lluviosos, esta no fue la principal amenaza; fueron los constantes intentos de desalojo.
El Tribunal Unitario Agrario Cuatro ordenó el desalojo el pasado 28 de marzo de 2016, solicitando para ello la presencia de unos 500 policías. Sin embargo, la unidad de sus habitantes no ha permitido esta situación.
Anomalías
Las autoridades de la comunidad coinciden en señalar que fue después de 13 años que han surgido supuestos dueños de esas tierras, con escrituras y documentos, cuando ellos iniciaron el trámite, ninguna autoridad les notificó que esas tierras tenían dueños.
“Lo único que vimos en el plano es que eran tierras nacionales y colindaban con la Reserva de La Encrucijada, pero no tenían dueño”, explica don Santiago de los Santos.
Otra situación que no les pareció fue que los “dueños” de las tierras intentaron instalar un mojón con fecha atrasada; los campesinos de Altamira no lo permitieron.
Los dueños de los ranchos La Providencia, Flor Marlene Esquinca Gutiérrez; El Jobo, Manuel Esquinca Santibáñez, y Bugambilias, Iván Bladimiro García, han denunciado que están invadidas sus tierras, además del grupo de campesinos Simón Bolívar.
Todos ellos ahora cuentan con escrituras, la comunidad alega que han hecho sus trámites bajo el tráfico de influencias y corrupción con las autoridades agrarias federales y estatales.
Demanda
Después de realizar trámites con un despacho de abogados que les ha timado más de 200 mil pesos en los últimos años, la comunidad decidió adherirse a la Organización Antorcha Campesina y de esta manera enfrentar la situación legal, acompañados de esta organización nacional.
A pesar de que la llegada de los antorchistas a la comunidad fue hace apenas unos meses, los avances en los trámites y la actualización de la documentación legal, les ha dado fortaleza a los pobladores y ahora se encuentran más unidos para defender las tierras que han ocupado durante años.
Por toda esta situación, que ha prevalecido durante más de 24 años y ante la eminente amenaza de desalojo que padecen los habitantes de Altamira, responsabilizan a las autoridades municipales, estatales y federales de cualquier agresión violenta de la que sean sujetos.
“Por no considerar nuestra historia y el tiempo que llevamos trabajando la tierra, de las violaciones a nuestros derechos humanos, como el derecho a la tierra, el derecho a un trabajo digno, a la alimentación, a una vivienda, a una vida libre de violencia, a la educación y al culto”.
“Asimismo, como campesinos responsabilizamos al Tribunal Unitario Agrario del despojo que pudiéramos sufrir, de las agresiones físicas y psicológicas que se cometerán en contra nuestra”.
Solicitud
Agregan que “solicitan a los organismos defensores de derechos humanos que vigilen la no violación a nuestros derechos y exijan a las autoridades que respeten nuestros derechos y reconozcan nuestra historia como pobladores de Altamira La Providencia”.
Por ultimo, “solicitamos al Gobierno Municipal, Estatal y Federal que busquen vías de solución pacífica a la problemática que estamos viviendo los habitantes de Altamira La Providencia, Huixtla, porque creemos que la tierra es de quien la trabaja”.
