El tema del outsourcing en México resulta tan grave que debido a las grandes pérdidas que genera esta forma de contratación a la Federación y a las instituciones de seguridad social, se ha tomado la decisión de legislar sobre el mismo para evitar diferentes formas de delincuencia, consideran abogados de la Barra Mexicana, Capítulo Chiapas.
Álvaro Altamirano Ramírez, integrante de la Barra Mexicana de Abogados, acompañado de Francisco Castillo Acevedo, presidente en Chiapas, dio a conocer sobre este tema que el outsourcing comenzó en Estados Unidos como un esquema de contratación en temporadas que elevaba la producción de algunas industrias como la automotriz, mientras que en México existe desde hace 25 años aproximadamente.
El especialista en el tema laboral agregó que este esquema no es ilegal si se lleva a cabo de manera correcta, es decir cuando se contrata a un sector que brinda servicios especializados a una empresa, por ello el término literalmente puede traducirse como “fuente externa”.
Era concretamente para contratar personal de manera temporal y no de manera permanente dentro de una organización; “en México comienza a tener mucho éxito porque se percataron que hacerlo de manera más permanente les evitaba pagar algunos beneficios como el reparto de utilidades”.
Posteriormente fue evolucionando hasta el punto actual en que se ha salido de control, ya que un número indeterminado de empresarios optó por pasar hasta el 99 por ciento de su plantilla laboral a una prestadora de servicios, evitando con ello la formalidad laboral.
“Con ello surge otro término que se ha denominado ‘insourcing’, en la que los empresarios crearon sus propias empresas prestadoras de servicios, punto en el que todavía podría denominarse normal, ya que todavía se pagaba seguros médicos y algunas prestaciones, sin embargo se abusó en la subcontratación”, detalló.
Se ha llegado con este esquema al extremo que no se da ninguna prestación laboral, se da de alta al trabajador en nómina con sueldos diferentes, lo que perjudica directamente al empleado, principalmente cuando el Seguro Social detecta esta irregularidad; en el caso del Infonavit no alcanzan un crédito completo, mientras que las cantidades de la Afore tampoco son las reales.
Este sistema de outsourcing ha llevado a instancias a denominarlo como “ilegal”, además de que ha dado paso a que se compren facturas, se creen empresas fantasma y se llegue a delitos como el enriquecimiento ilícito.
Toda esta situación ha llevado a las autoridades como la Fiscalía General de la República, el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Investigación Financiera, el IMSS y el Infonavit a que actualmente el Gobierno Federal busque una regulación de las prestadoras de servicio.
