Chiapas se encuentra entre los estados afectados por el feminicidio, mientras que la violencia familiar es el delito que más se reporta en ciudades como Tuxtla Gutiérrez.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de este sector en el estado. Oficialmente las autoridades reconocieron únicamente 20 casos de feminicidio durante ese año.
Es por ello que organizaciones y defensores de los derechos de las mujeres han exigido que el feminicidio se mantenga como delito de alto impacto en el Código Penal Federal y no reclasificarlo como un agravante del homicidio.
La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y con mayores fundamentos legales, sin embargo para la directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), Carmen Villa, esta propuesta representa una salida errónea.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con las acciones que se han emprendido en todos estos años, por lo que se deben reforzar las estrategias para atender el feminicidio y no ajustar las leyes.
“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de mejor forma las carpetas; ahí están los puntos de oportunidad, en mejorar las capacidades”, añadió Villa.
El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma en la vida de las mujeres.
Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Reforma
Fue hasta el 2012 cuando se aprobó una reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el delito de feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o adaptando el ya reconocido a nivel federal.
La directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio está establecido en convenios internacionales suscritos por México.
“Quitar esta conceptualización significa hacer un retroceso a la lucha ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los delitos. Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo justiciable. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR”, afirmó Villa.
Ante los casos de muertes de mujeres en el estado, el 18 de noviembre del 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género en siete municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.
Asimismo, se estableció que para la región de los Altos de Chiapas se requiere de acciones específicas para prevenir la violencia hacia las mujeres, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.
En tanto, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) han señalado que hay cero tolerancia hacia este tipo de delitos, y prueba de ello es la vinculación a proceso que se les ha dictado a diversos feminicidas.
Violencia familiar
Para especialistas sobre el tema, señalan la urgente necesidad de atender la violencia familiar y de género desde el hogar, pues las recurrentes agresiones contra la mujer derivan en algunos de los casos en feminicidio.
En ese sentido, la violencia familiar se constituye como uno de los delitos que aún presenta altas incidencias en las colonias más violentas de Tuxtla Gutiérrez, pasando de 63 agresiones en enero de 2019, a 105 en lo que va de este año, así lo revelaron los integrantes de la Mesa de Seguridad Metropolitana de la Región 11, integrada por alcaldes y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Por violencia familiar, dos personas han sido detenidas.
En colonias donde se presenta una mayor incidencia de este delito en la ciudad, se están haciendo trabajos de acceso a la justicia; se le suman asesorías jurídicas, médicas, psicológicas y todo un acompañamiento integral, según las autoridades.
La plataforma alertadegenerochiapas.org.mx detalla que en enero de 2019 se presentaron 547 delitos en contra de mujeres en el estado; para este año, en el mismo mes, se confirmaron 487 incidencias.
Violencia familiar y pederastia fueron los más denunciados. En todo el año pasado se presentaron seis mil 214 agresiones a mujeres traducidas en diferentes delitos.
Ante todo este panorama, el Observatorio Ciudadano de Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la violencia feminicida dentro de los siete municipios bajo la declaratoria.