Las últimas muertes violentas registradas en días recientes en diferentes zonas de Chiapas, reflejan que la Alerta de Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2016 para siete municipios en el estado, no ha generado los beneficios esperados para erradicar este problema social.
Las cifras son alarmantes, si se analizan los datos que comparte el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, donde se menciona que en este 2019 se han presentado 17 muertes violentas, pero cinco asesinatos se pueden establecer como feminicidios.
Karen Dianne Limón Padilla, del grupo Iniciativa Feminista, dijo que el tema (que no es nuevo) sigue cobrando protagonismo en la agenda pública y en los medios de comunicación, pero hay preocupación “porque no vemos que la violencia contra las mujeres haya disminuido”.
Sobre la actuación que ha tenido el gobierno cuando se cometen estos crímenes, respondió que las leyes también educan, es decir, si la violencia no se castiga, los hombres seguirán con los asesinatos.
En su opinión, la política pública para atender el problema -muchas veces-, está mal implementada o hay simulación al momento de dar respuestas a los problemas que se presentan en temas de género.
El web alertadegenerochiapas.org.mx, revela que de enero a diciembre de 2018, 23 mujeres fueron víctimas de feminicidios; mientras que en 2017, se presentaron 31 casos, siendo San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, las dos ciudades donde se reportaron más incidencias.
La información que está en el apartado Incidencia Delictiva, precisa que la mayoría de los lugares de hallazgos de las víctimas (el año pasado) fueron en la vía pública y en la casa-habitación.
Arma de fuego y arma blanca fueron los instrumentos más usados para cometer este delito; de los casos reportados el año pasado, la mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 18 y 30 años.
“Del total de Vi´ctimas por Feminicidio de 2018; 13 eran madres, ocho no eran madres y dos aún no se tienen datos. El promedio de hijos (vivos) que pierden a su madre a causa de un feminicidio en lo que va del an~o es de 3.3, pues del total de hijos de las vi´ctimas, tres fenecieron con su madre”, detalla la plataforma.
Contexto
El último suceso que causó indignación en la población chiapaneca, fue lo ocurrido con Miryana Ivete Saldaña Castillo, quien fue maestra del nivel primaria y su cuerpo fue encontrado bajo un puente ubicado en el tramo carretero Arriaga-Tonalá.
Esta situación generó reacciones por parte de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes pidieron esclarecimiento de lo sucedido y castigo a los responsables.
La Fiscalía General del Estado (FGE), informó -a través de un comunicado- que la docente se ahorcó; según la información oficial, se amarró del puente y falleció a causa de asfixia por ahorcamiento.
Miryana Ivette Saldaña Castilla, fue enterrada la tarde de este martes y su muerte trajo consigo que organizaciones feministas y magisteriales se manifestaran para exigir justicia y reavivaran la actual situación de la violencia hacia las mujeres en el estado.
De acuerdo con la Colectiva Feminista Mar Violeta, cuyas actividades se desarrollan en Tonalá, dio a conocer que el hallazgo de Miryana, ya es catalogado como el primer feminicidio de este 2019 en dicho municipio.
En ese sentido, exigieron al presidente municipal, Manuel Narcía Coutiño, y a las autoridades correspondientes, se tomen las medidas necesarias para mejorar los protocolos de investigación y las acciones que garanticen la seguridad de las mujeres y mitiguen la violencia feminicida en el estado.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lamentó la muerte de la joven maestra asesinada el pasado martes. En una carta emitida a la opinión pública, la SNTE exhortó a las maestras de las diferentes zonas escolares, delegaciones y centro de trabajo, a estar atentas y mantenerse unidas ante cualquier situación de violencia de género a fin de no permitir ni una asesinato más en el estado.
Sociedad
Ante la omisión que ha tenido la autoridad para atender con prontitud el tema, la sociedad civil organizada hasta el sector empresarial se ha sumado a acciones que buscan erradicar este problema que se repite, lamentablemente, en todo el territorio nacional.
En Tuxtla Gutiérrez, con el #NiUnaMás decenas de establecimientos pusieron una campaña para reducir la violencia hacia las mujeres, ofreciendo el lugar como un espacio de resguardo para evitar estos delitos en la ciudad.
Algunos mensajes que se pueden leer en las cuentas oficiales de los negocios son: “si te encuentras en una situación de peligro o te sientes insegura, no dudes ingresar a nuestro establecimiento”, pide un vaso de agua, quédate el tiempo que sea necesario, te ayudamos a llegar a casa.
La acción implementada por parte de la sociedad, dijo la activista, es espectacular, porque la población está cubriendo los vacíos que deja la autoridad sobre la violencia hacia las mujeres.
“La impunidad, muchas veces, agrava los problemas; obviamente, no queremos cárceles llenas de feminicidas, porque eso no devuelve la vida de las mujeres, lo que queremos es que no sean asesinadas”, puntualizó.
Justicia
Organismos defensores de derechos humanos de las mujeres de Tapachula, piden a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad del Estado capacitar al personal para atender los casos de feminicidios que existen en Chiapas, aunque consideran que las cifras no son altas en comparación con otras entidades como el Estado de México, si hay incidencia y quizás por la falta de pericia de las autoridades estos casos no se tipifican como feminicidio sino como simples homicidios.
En entrevista la presidenta de la Asociación Por la superación de la Mujer AC, Elsa Simón Ortega, expuso que esta organización defensora de los derechos de la mujer está pendiente de las medidas de protección, visita a los Ministerios Públicos, pero no se puede hacer en todos los municipios, eso corresponde a otras secretarías como la del Empoderamiento o Igualdad de género.
Agregó que es necesario que haya un organismo que tenga autonomía y recursos para que no sólo sea una oficina más con muebles, se requiere de personal capacitado y con una remuneración adecuada para una verdadera atención y con ello la estricta vigilancia de aplicación de la Alerta de Género y de la Ley Atención de víctimas.
Simón Ortega dijo que en cuanto a la Alerta de Género pareciera que sólo es una recomendación que hicieron el año pasado, pero de la que no hay una explicación; en qué se basó y si esta cumple con las expectativas, en relación a la Ley de Atención a Víctimas dijo que esta ha sido letra muerta porque no hay consejo de atención a víctimas y en consecuencia no hay reglamento para conocer cómo se va a atender.
Indicó que el feminicidio es un tema que apremia la atención, quizás los índices no reflejan gravedad pero también es cierto que en Chiapas muchos de estos no son valorados como tales a pesar de que su motivación tiene fundamento en razón de género, es decir se victimiza por el hecho de ser mujer, en el que hay discriminación y violencia de género.
Señaló que en muchos casos es evidente que se trata de feminicidios pero no se le da la correcta interpretación y las autoridades sólo lo califican como un homicidio a consecuencia de robo, asalto o accidentes, lo que no es correcto y por ello es necesario trabajar en el tema de capacitación que finalmente es una tarea pendiente de los diputados, concluyó.
Legislación
En enero de este año, integrantes de la 67 legislatura tipificaron como el delito el acoso callejero, un tema que se trabajó desde años atrás con la intervención de activistas, organizaciones sociales y hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
La acción se reflejó en el artículo 238 Bis que a la letra dice: ”comete el delito de acoso sexual, quien, con fines de lujuria, asedie a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.
Limón Padilla lamentó el actuar que han tenido las personas que integran la 67 legislatura; dijo que en sus manos tienen el poder de establecer una línea muy puntual a favor de las mujeres, entre ellas, el derecho a decidir sobre sus cuerpos. “Es un desperdicio que haya 25 mujeres ahí y que no tengan conciencia de género”, finalizó.
