"Francisco Valdés Ugalde * SUN
Todo conspira para que la política como espectáculo aleje a los ciudadanos. Se trata de una lamentable consecuencia de los acuerdos de la transición democrática que, luego de ella, no fueron actualizados ni superados para consolidarla.
La cantidad exorbitante de dinero público otorgado a los partidos y el perverso mercado mediático que ha creado en los consorcios oligopólicos de la radio y la televisión ha atrapado a la actividad política en un círculo vicioso del cual no puede salir sin la presencia de una voluntad de cambio de las estructuras jurídicas que lo conforman.
El punto de partida de estas estructuras radica en varios aspectos de los acuerdos políticos que permitieron formular las leyes electorales vigentes.
El primero de ellos es la razón que prevalece para el otorgamiento de dinero público a los partidos políticos. El impulso original que condujo a la democratización estuvo marcado por la ruptura del monopolio político, primero, y del predominio artificial de un solo partido, después. Si este impulso primigenio hubiese llegado hasta sus últimas consecuencias habría sido necesario desmantelar la estructura de financiamiento ilegal del partido hegemónico. A nadie escapó nunca el hecho de que este partido fue mantenido desde el gobierno por vías ilícitas, mientras que los partidos opositores al sistema autoritario se financiaron de modo privado en un principio, y fueron transitando hacia un esquema mixto de financiamiento público y privado.
Cuando la diversidad de preferencias electorales hizo evidente que el predominio priísta era insostenible, se arribó a la reforma política ""definitiva"", como la llamó el presidente Ernesto Zedillo. En ese momento era imprescindible transparentar los recursos que indebidamente recibía el PRI. Para hacerlo se enfrentó una disyuntiva: poner en evidencia y desmontar el financiamiento ilegal buscando fórmulas alternativas, o legalizar lo ilegítimo y acercar a los demás partidos al abrevadero del erario.
Fue esta última la fórmula adoptada, de tal suerte que se modificó el orden jurídico para consagrar a los partidos como ""organismos de interés público"" y dotarlos de recursos que provienen abrumadoramente del presupuesto federal.
El segundo determinante del círculo vicioso es el anacronismo de las disposiciones que regulan a los medios electrónicos de comunicación. De hecho, la legislación sobre concesiones y regulación de los medios masivos corresponde a la de un país políticamente subdesarrollado. Si consideramos que la transmisión de información de calidad sobre los asuntos públicos es una de las condiciones fundamentales para la relación democrática de los ciudadanos con la política, los medios electrónicos, particularmente la televisión, juegan un papel deficitario. Ni los noticiarios, ni otros tipos de programación ofrecen información de calidad para formar la opinión de los ciudadanos sobre los asuntos relevantes de la esfera pública.
De este modo, la información y la publicidad política se convierten en una mercancía semejante a la de jabones o refrescos. La mercadotecnia se vuelve la pauta pública de la política con indiferencia de si el ""producto"", en caso de llegar al poder, nos ofrece planteamientos y soluciones a los problemas de fondo.
La combinación de partidos con dinero y el control absoluto del espacio mediático por parte de la radio y la televisión, tal como hoy existen, no pueden sino arrojar los resultados perversos que tenemos a la vista. Sobra senalar que el dinero partidario despierta el apetito voraz de los medios masivos de comunicación.
Un tercer factor que contribuye a cerrar el círculo vicioso es, precisamente, el monopolio legal de los partidos en materia de candidaturas. Si al financiamiento público casi exclusivo sumamos el secuestro mediático de la política y a ambos agregamos la prohibición de candidaturas independientes, tenemos como resultado dos cosas: un mal desempeno creciente de los partidos y una elevación del costo que tendrían que pagar los ciudadanos para corregirlo.
El asunto es bastante simple. Si los partidos disfrutan del monopolio de la representación y tienen garantizada una buena tajada de los recursos públicos, su interés es competir entre sí por obtener más votos. Si los votos son en alta medida una variable dependiente de la exposición mediática de los candidatos, los partidos darán dinero al oligopolio radio-televisivo a cambio de acceso al mecanismo principal de obtención de votos. Se consolida así un club muy exclusivo cuyos intereses no son el conocimiento y solución de los problemas del país de cara a los ciudadanos (que son los soberanos), sino el poder y el dinero puros y duros.
Para los ciudadanos, el costo de corregir esta realidad es impagable, pues para hacerlo tendrían que hacer el titánico esfuerzo de formar nuevos partidos políticos o penetrar los existentes, en los cuales la decadencia ha sentado ya sus reales.
A la vista parece estar la única conclusión posible: el festín de los partidos es resultado de la transición y, a la vez, garantía de construcción de un orden neooligárquico en el que el componente democrático de responsabilidad frente al pueblo es prescindible sin graves consecuencias. Una vez en los órganos legislativos, los partidos tienen el poder de controlar las leyes y, consecuentemente, las voluntades alternativas que podrían transformar el círculo vicioso, con lo cual éste se hace invulnerable. * Investigador del IIS-UNAM [email protected]
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