Durante la mayor parte del siglo XX el presidente de la República decidió a voluntad en qué estados, municipios, ciudades o comunidades construir hospitales, carreteras, escuelas, presas, refinerías y otras obras, aunque éstas no correspondieran a las necesidades de la población.
Recientemente el péndulo de las decisiones migró hacia el otro extremo. Desde principios de este siglo se pensó que el problema de la arbitrariedad en la asignación presupuestaria se solucionaría si los gobiernos locales asumían un mayor peso en la responsabilidad del gasto. Fue así como la descentralización se convirtió en una varita mágica capaz de solucionarlo todo.
El ambiente del país posterior a la elección del ano 2000 favoreció iniciativas de política pública nacional promovidas desde los estados. Surgieron la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) y la Convención Nacional Hacendaria (CNH). El gobierno federal prometió a los gobernadores los excedentes petroleros, sin que a esos recursos le acompanaran criterios de transparencia y rendición de cuentas.
Ahora que el dinero se nos ha vuelto tremendamente escaso descubrimos que la descentralización ha venido acompanada de una grave dispersión de cargas burocráticas y, sobre todo, de ausencia en la rendición de cuentas sobre las finanzas públicas.
La Federación transfirió cada vez más presupuesto a las entidades sin que a la par se les dotara de instrumentos de gestión y responsabilidad a los gobiernos locales.
En este país se pensó que para eficientar el gasto y acercarlo a la población había que repartir los recursos, pero el problema no era tan simple. Si el dinero sigue cambiando de manos sin garantías para su debido uso, sólo lograremos pasar de un esquema presupuestal monárquico a uno feudal. Pasaremos del siglo XXI al XIX. El Universal
