"Los anglófonos solían llamar ""filibusteros"" a los miembros del Parlamento que se empenaban en dilatar con discursos y debates interminables la acción legislativa.
Lamentablemente esto está ocurriendo en México. No bien se presenta ante el Congreso una iniciativa de alcance mayor, de esas que se han llamado ""reformas estructurales"", se inicia un va y viene interminable que disloca completamente el sentido del Parlamento y erosiona la legitimidad de las instituciones políticas.
La Reforma Energética ha dado pie a un nuevo capítulo de filibusterismo. Independientemente de la calidad de la iniciativa de reforma, de si es osada o pusilánime, atinada o errónea, pertinente o equivocada, privatizadora o estatizante, lo cierto es que la sola movilización del tema del petróleo e industrias asociadas ha dado, nuevamente, ocasión a ello.
Estos tiempos de democracia trastabillante han estado marcados por un hecho significativo: la legislación menor se discute y se aprueba; los asuntos mayores se detienen por sistema. Así pasó con la ""reforma"" fiscal, reducida a una mínima expresión, y así pasa con la ""energética"", que no es tal, sino sólo petrolera. Otro tanto ocurriría si se tratara de una reforma educativa o una laboral.
En estas materias las diferencias ideológicas tienden a la polarización, pues cualquier aproximación a ellas reclama, por sentido común, un enfoque muy diferente a las ""soluciones"" que a estos problemas se han dado en el pasado. Para ello, los ciudadanos de México elegimos a los miembros de un Congreso compuesto por dos cámaras a sabiendas de que éstas, conjuntamente con las legislaturas de las entidades federativas, son el Poder Constituyente, es decir, tienen la potestad constitucional (que hoy se les escamotea), de transformar el orden constitucional con plena legalidad y legitimidad.
El ""debate"" exigido por los partidos integrantes del FAP mediante la toma de las cámaras del Congreso constituye una ruptura con los preceptos de la Constitución. Supuestamente se encamina a defender la Carta Magna en lo relativo a la propiedad nacional y la administración estatalizada de los recursos petrolíferos. Pero su objetivo es defender el statu quo y una reserva menguante de poder y popularidad.
Nadie puede estar en desacuerdo con el derecho que tienen a opinar en contra de la iniciativa de reforma quienes así lo hacen. Ni con lo contrario: nadie puede calificar de ""traidores"" a quienes piensan diferente y, mucho menos, ningún actor tiene el derecho de interrumpir el proceso legislativo mutuamente acordado en las reglas constitucionales, así sea que éste resulte en un consenso contrario a disposiciones establecidas actualmente en la Constitución y que, consecuentemente, pueden cambiarse.
Se ha planteado la argucia de la consulta popular. La experiencia que tenemos en consultas es pésima, sobre todo porque no constituye un instrumento autorizado en la Constitución o las leyes, al menos para la materia en cuestión. Las consultas populares que se han hecho han sido a modo de quien las inventa, pero no constituyen un precepto debidamente ordenado en la legislación que regula los poderes del ciudadano.
En repetidas ocasiones hemos senalado que debe introducirse en la Constitución la figura del referendo en materia de reformas a la Carta Magna. La mayor parte de la clase política ha rechazado esta propuesta, de ahí que no se haya implantado. Seguiremos propugnando porque lleguemos a tener una Constitución en serio, no hecha de parches y jirones que provienen de una historia de frenos y arranques, reformas y contrarreformas, balazos, pujas y griterío; una Constitución revisada integralmente que extirpe del texto político fundamental el reglamentarismo que la ha plagado y que supere las insuficiencias que adolece en materia de derechos humanos y ciudadanos, de equilibrios reales de poder y de justicia moderna, eficiente e igual para todas las personas. Seguiremos propugnando por un régimen político que supere la aberración histórica del presidencialismo.
Pero entre estas demandas y la idea de que se necesita debatir una vez más el problema petrolero, de que hay que hacer una consulta popular sobre la Reforma Energética media una gran brecha. Estas propuestas se fundamentan en el desconocimiento deliberado de la validez y vigencia de las instituciones provistas por la Constitución. Sabemos que ésta tiene que cambiar, pero también sabemos que la forma de hacerlo es mediante las herramientas que provee la misma Constitución. zO acaso hay quien teniendo tres dedos de frente prefiere la inestabilidad y el cambio violento...?
Es preferible a todas luces el referendo constitucional para los cambios constitucionales o legales de gran envergadura. Pero antes de hacerlo hay que legislarlo. Proponerlo paralelamente a las instituciones no es sino prolongar el drama de un Congreso y una clase política incapaces de legislar y decidir, es simplemente afán de filibusteros que no quieren hacer la tarea que, en rigor, les corresponde.
Lo que se refiere a Pemex merece comentario aparte, pero el meollo de la cuestión radica en un axioma económico de nuestros días que muy pocos han senalado: cuando un bien pertenece a todos termina por no pertenecer a nadie. O, mejor dicho, cuando los bienes públicos, llámense petróleo o lo que sea, y empresas que lo administran están escriturados ""a la nación"" terminan en manos de una burocracia cleptocrática. zNo ha sido acaso Pemex uno de los mayores emblemas de la corrupción política y sindical? zNo es Pemex una empresa ""de los mexicanos"" que ha sido ordenada por gobiernos sin escrutinio ni control? zPor qué entonces defender el statu quo en lugar de debatir, en serio, los cambios que se requieren, y hacerlo en donde se pueden llevar a cabo: el Congreso?
La respuesta está en la enfermedad del filibusterismo político que ha infectado el sistema político y que responde al cálculo de la desestabilización política del gobierno supuestamente ""espurio"" con el objeto de recoger una cosecha de escombros.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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