EL Consejo de la Judicatura Federal acaba de dar un paso de trascendencia para mejorar el proceso de selección de los jueces, con el objeto de que los aspirantes, además de probar su pericia jurídica, sean aptos sicológicamente de acuerdo con las virtudes esenciales del juzgador exigidas por el artículo 100 de la Constitución y el 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal.
Los aspirantes a jueces deberán someterse a un examen sicológico que permita detectar senales de autoritarismo, conductas antisociales, adicciones, manías, problemas familiares o baja autoestima. Todos esos síntomas, que podrían convertirse en resoluciones injustas o pervertidas y demeritar la aplicación de la justicia, pueden cerrar la puerta de entrada a un sitial que debe ser ocupado sólo por los más aptos y respetados entre los profesionales del derecho.
La administración de la justicia constituye uno de los principales desafíos del próximo gobierno. Los esporádicos logros de las fuerzas de seguridad suelen naufragar en los tribunales donde con frecuencia los jueces procesan en secreto y resuelven en el misterio a favor de notorios delincuentes con fundamento en procedimientos y lagunas legales, pero en demérito del espíritu de justicia.
El gran rezago de casos en proceso del Poder Judicial es una de las expresiones más evidentes de la obsolescencia de un sistema de justicia que se resiste a ser cambiado por la pérdida de privilegios que significaría para quienes lo operan y por mera apatía de ciertos juzgadores.
Ante ello, el nuevo reglamento a que deben someterse los aspirantes a jueces constituye una aportación apreciable, pero insuficiente.
Desde hace dos anos, el Poder Judicial de la Federación promulgó un Código de Ética en el que reafirma su convicción de que los órganos de administración de justicia pierden la confianza ciudadana cuando no actúan con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. El diagnóstico no ha perdido validez y hoy reclama total aplicación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adquirido ya un nivel de autonomía que la dignifica, pero no han faltado casos que la ensombrecen cuando no resiste las presiones del poder público.
La Constitución dice que toda persona tiene derecho a que se le administre una justicia pronta, completa e imparcial. La realidad nos muestra cárceles atestadas con reos en proceso y nos enfrenta a una kafkiana marana de trámites inútiles y costosos que alejan las resoluciones y hacen del ideal de justicia una quimera.
Procurar que el cuerpo de los jueces esté integrado por jurisperitos competentes y de integridad moral reconocida va a ayudar, sin ninguna duda, a mejorar la administración de la justicia, para lo que no solamente se requieren conocimientos de la ciencia jurídica, pues, como la Suprema Corte lo ha reconocido, hay estaciones en las que la única directriz de un juez es su propia conciencia.
La clara y limpia operación de un tribunal es la senal más alentadora de que en un país las sanas relaciones entre los ciudadanos, y entre ellos y las autoridades, están regidas por un verdadero estado de derecho. Avanzar en esta convicción se traducirá en un sentimiento de confianza en las instituciones. Es el camino para México.
