"Rafael Victorio, * CP. ""En Chiapas la Fiscalía General del Estado representaba un cuarto poder Constitucional, con independencia y autonomía propia, pero parte integrante de la estructura del estado, que provocaba un conflicto de fuerzas dentro de la estructura del Poder Ejecutivo"", estableció José Luis Coello Bermúdez, presidente del Colegio de Abogados de Tapachula ""Lic. Gregorio Ramos Coutino, A.C."".
Dijo que ésta había dejado de ser la institución garante de los derechos de los ciudadanos para convertirse en una autoridad de consigna para cumplir los caprichos del entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
Por ello dijo que la creación del Ministerio de Justicia permite al titular del Ejecutivo chiapaneco, Juan Sabines Guerrero, retomar el mando y la autonomía del ejercicio de la acción penal, pero con un sistema novedoso: El Consejo de Procuración de Justicia.
Fue en enero de 2004 cuando Salazar Mendiguchía crea la FGE convirtiéndola en autónoma y con ello se despojó de la facultad que sólo a él competía, el de ""procurar la justicia de su estado"", depositando la institución del Ministerio Público en manos de un fiscal, es decir: ""creó un poder autónomo dentro de su mismo poder, provocando un conflicto de fuerzas dentro de la estructura del Ejecutivo del Estado"".
La Constitución de la República establece que es facultad del Ejecutivo la procuración de la justicia y esa misma le da nacimiento al MP como el órgano encargado del ejercicio de la acción penal para investigar, perseguir y consignar ante la autoridad judicial aquellas averiguaciones previas sobre cuyas conductas son castigadas por el Código Penal o cualquier ley que imponga penas y medidas, explicó.
En ese sentido, sostuvo que la desaparición de la FGE para crear el Ministerio de Justicia, para lo cual tuvo que reformarse la Constitución del Estado, es ""excelente, en virtud de que el Ejecutivo retoma el mando de la procuración de justicia para hacerla más sensible a la sociedad, máxime que con la nueva estructura se establecen los Distritos que a cada consejero le comprenda su vigilancia"". El jurisconsulto sostuvo que antes de las reformas ""el pueblo sentía la mano dura o la bota de la Fiscalía y en consecuencia la zozobra y el temor ciudadano a una institución garante de sus derechos, por haber dejado de ser de buena fe para convertirse en una autoridad de consigna, cumpliendo los caprichos del gobernante en turno"". Con ello se violentaba el precepto de que ""el MP es el representante social, quien dentro del sistema jurídico, representa los intereses de aquellos grupos que se encuentran en planos desiguales"".
Por ello, insiste Coello Bermúdez en que el gobierno de Juan Sabines Guerrero nuevamente se pone a la vanguardia en la procuración de la justicia, toda vez que la titularidad del Ministerio de Justicia no sólo está en la figura de su titular, sino que sus decisiones atinadamente deberán ser colegiadas.
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