Aunque Chiapas es uno de los estados fronterizos del país con mayor flujo migratorio, los datos de la Secretaría de Salud indican que las personas en situación de movilidad internacional no han provocado que los casos positivos de VIH se disparen, más bien, se trata de un estigma social sobre la incidencia.
Alejandro Rivera Marroquín, jefe de la Coordinación Estatal para la Prevención y Control del VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales, dijo que existe un mito y, además, un prejuicio respecto a las personas migrantes y las trabajadoras sexuales, debido a que se piensa que ahí está lo que mal se ha llamado como focos rojos.
“Esto no es así. Todas las personas estamos en riesgo de adquirir el VIH si no tenemos cuidado y protección en el ejercicio de nuestra sexualidad. Quiero señalar un dato, Chiapas representa la entidad federativa con la mayor proporción de mujeres viviendo con VIH del país”, puntualizó.
Amas de casa
Además, enfatizó Rivera Marroquín, en muchos casos se trata de mujeres que se dedican al hogar y el riesgo no es de ellas, más bien, de sus parejas. Sobre el tema de migrantes, añadió que no han tenido un repunte en los nuevos diagnósticos; los que se han acercado es porque requieren de sus tratamientos.
Una de las políticas públicas de la entidad —resaltó— es la cero negación de los servicios en prevención, diagnóstico, atención y tratamiento para cualquier tipo de población, sea local o de movilidad internacional.
Atención a migrantes
La logística nacional que se tiene permite que una persona acceda a medicamentos, se da de alta en un sistema de información (persona mexicana o migrante) y desde la parte institucional comienzan los servicios (de laboratorios y tratamientos). En caso de que las personas sigan su tránsito por el país, se da la garantía de dos meses de antirretrovirales. Hay unas 200 personas en esta situación en el territorio local.
El esfuerzo que hace la Secretaría de Salud es considerable, en el entendido de que cada tratamiento es caro, con un costo de unos 20 mil pesos al mes para los antirretrovirales; sin embargo, a eso se le debe sumar otras comorbilidades, es decir, puede llegar a unos 850 mil pesos, pero la entidad da los tratamientos de forma gratuita.
Finalmente, Rivera Marroquín destacó que se ha logrado cero quejas ante organismos de derechos humanos gracias a la atención brindada a quienes tienen el virus. No obstante, aún se deben enfrentar retos que se vinculan con las distancias en traslados hacia los espacios clínicos para un mejor tratamiento.
