A 52 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco, integrantes del Frente Nacional de Liberación Social (FNLS) aseguraron que los crímenes y casos de impunidad son un tema político que las autoridades federales actuales deben atender. Como motivo de protesta tomaron las instalaciones de la caseta de cobro Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas.
Encapuchados y con las banderas del Frente, un grupo de al menos 30 jóvenes tomaron las instalaciones de la caseta de cobro de la autopista. Precisaron que ésta afecta principalmente a particulares extranjeros que a través de permisos generan ganancias con recursos locales, por lo que la acción representa “devolver” al pueblo lo que es suyo.
Aseguraron que la acción corresponde a una lucha histórica en México, con “días rojos” como el 2 de octubre de 1968, cuando el movimiento estudiantil sufrió bajas a causa de la represión del Estado en Tlatelolco.
Los integrantes del FNLS apuntaron a que varias entidades como Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Chiapas padecen de constantes actos de represión a sus luchas estudiantiles y obreras, con evidencia de la violación de derechos humanos e impunidad.
Aseguraron que la llegada del Gobierno Federal actual no representó un cambio significativo para los grupos con mayor grado de marginación, situación preocupante en una entidad como Chiapas, donde el 70 por ciento de la población vive en la pobreza.
En lo que respecta a la deuda histórica de crímenes como los efectuados en 1968 contra el movimiento de estudiantes, afirmaron que no existe voluntad política para castigar a los responsables, situación que se repite con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
En su pronunciamiento incluyeron la justicia pendiente para los casos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos luchadores sociales víctimas de desaparición forzada en el estado de Oaxaca.
Denunciaron no se trata de casos aislados, sino que existen en toda la república; para el caso de Chiapas exigieron la libertad inmediata de Armando Hernández, Venturino Torres, Asunción Gómez y Javier González, quienes se mantienen detenidos sin sentencia en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, en Cintalapa.
