No deja de preocupar el enfático rechazo del gobierno federal a que se sometan a un análisis crítico, a fondo, las cuentas de lo que fue el Fobaproa y que amparan el gravoso rescate bancario que tiene que solventar el contribuyente mexicano.
Dicha revisión fue ordenada por la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador del Poder Legislativo, que detectó que algunos bancos ingresaron sus adeudos de manera irregular al Fobaproa y que al transformase éste en el IPAB, se incorporaron al total que tiene que saldarse por la vía del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es notable que el argumento que emplea el Ejecutivo no sea uno en el que se garantice que tal medida fue la correcta desde el punto de vista legal, sino que se opte por senalar que la revisión propiciaría un escenario catastrofista para la economía nacional.
Las autoridades hacendarias se comportan como si todas las demás instancias de autoridad fueran ignorantes en materia de finanzas públicas. Parecen no tener argumentos que justifiquen una medida que benefició a intereses particulares en perjuicio del interés general.
La naturaleza del llamado a no atender este reclamo sugiere ser absolutamente irregular. Parece pedírsele a la Suprema Corte de Justicia que use criterios subjetivos y atienda opiniones sesgadas en lugar de atenerse al estricto cumplimiento de la ley.
Tales argumentos debieron ser esgrimidos por el Ejecutivo ante la Auditoría Superior de la Federación y no ante la Corte, la que sólo debe vigilar que se cumplan los mandatos constitucionales.
Se advierte que si se atiende la petición de la Auditoría subirán los intereses de las deudas interna y externa, haciendo caso omiso de las normas jurídicas. Este tipo de sugerencias son, en todo, inconvenientes y al proceder de tal forma se convierte al Ejecutivo en un gestor de intereses particulares.
En contra de esto puede argumentarse que no es posible aceptar con los brazos cruzados que el futuro del país esté empenado, y que los recursos presupuestales se usen en el servicio de un cuantioso pago de un rescate de instituciones que fueron mal manejadas por personas que no estuvieron a la altura de sus privilegios y responsabilidades, y que, a pesar de ello, la actual situación parece ya no serles un problema económico.
La decisión de la Auditoría Superior de la Federación no es un capricho, sino se basa en los informes de una auditoría realizada por terceros, que demuestra que no todos los préstamos morosos que se incluyeron en el Fobaproa merecían ser objeto de rescate con recursos públicos.
En contraste, no dejan de llamar la atención los resultados de un estudio realizado por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, los cuales revelan que entre 2002 y 2004 disminuyó el número de pobres extremos en México, al pasar de ser 43% de la población a sólo 39.6%. La reducción se aprecia sobre todo en el ámbito rural.
En estos estudios es necesario considerar el efecto de la migración rural hacia Estados Unidos, y el hecho de que sean sus comunidades las que reciben las considerables remesas que llegan al país, por lo que tal avance no podría atribuírsele al éxito de las políticas de desarrollo del gobierno. Es necesario contrastar estos estudios con otras investigaciones nacionales e internacionales en la materia, las cuales de tiempo en tiempo nos informan del deterioro del empleo, de la desnutrición y de las actividades antisociales o subterráneas que ocurren en México. (El Universal)
